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El Setp contempla una inversión inédita para adecuar la infraestructura vial principal de la ciudad, habilitar carriles preferenciales para el transporte público, construir andenes y rampas para discapacitados, ciclo infraestructura, 268 paraderos, 9 terminales urbanos, 7 estaciones de integración y 9 patio-talleres. Además, incluye la modernización de la red semafórica y la canalización de redes eléctricas. También, un sistema único de recaudo y de control de flota que acabará con la guerra del centavo. Todo ello tendrá un impacto positivo en la cada vez más complicada movilidad urbana: menos trancones, menos tiempos de espera en el transporte público, mayor continuidad en el flujo vehicular, entre otros.
Haber logrado un aporte del Gobierno Nacional de esas proporciones no fue una tarea fácil. Si bien en el año 2015 se habían elaborado unos estudios que en su momento servían para la aprobación del Setp, en 2016 el Gobierno cambió las reglas de juego y estableció nuevos requisitos que implicaron arrancar de cero. La Administración Jaramillo invirtió alrededor de 15.000 millones en la elaboración del estudio técnico, legal y financiero del Setp, la creación del ente gestor, el plan maestro de movilidad y espacio público, el catastro de redes de acueducto y alcantarillado, y los diseños a detalle de las vías e intersecciones prioritarias. El Municipio también aportó la certificación de la contrapartida que requería el Gobierno para aprobar en definitiva el Sistema. En agosto de 2019, la Ministra de Transporte le confirmó al presidente Duque que todos los trámites estaban surtidos, solo faltaba el espacio fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. El primer mandatario, en esa misma reunión, se comprometió con el Alcalde Jaramillo en tramitar esa aprobación. Duque Cumplió. Negar que fue el Gobierno Jaramillo el que hizo la tarea y querer adjudicar exclusivamente el resultado a la bancada tolimense (no se desconoce que ayudó a presionar), es pretender tapar el sol con un dedo.
Ahora la actual Administración tiene el reto de cumplirle a la Nación y principalmente a los ibaguereños. Si bien los recursos nacionales llegarán a partir del año 2024, la Alcaldía puede tramitar créditos apalancados en ese compromiso fiscal para iniciar inversiones ya mismo. Debe redefinir sus prioridades para cumplir con la contrapartida de los 130 mil millones ya que, a pesar de haber contemplado la meta en el actual Plan de Desarrollo, parece que no tuvo en cuenta reservar los recursos.
Todos sabemos que los planes intensivos de obras públicas dinamizan el mercado laboral y mejoran la competitividad, justamente esa es la carta del Gobierno colombiano para responder al desastre económico causado por la pandemia. Aquí no se puede esperar ni un segundo, contando con el respaldo financiero las obras deben iniciarse de inmediato.
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