En fin, la hipocresía

César Picón

Es inaceptable que después de haber sido priorizados en la vacunación, tal como lo habían exigido, los directivos de Fecode insistan en dilatar el regreso a las clases presenciales. Hasta que no se cumplan todos los protocolos de bioseguridad y mejora de las condiciones de infraestructura para asegurar aulas ventiladas, distanciamiento físico, disponibilidad de agua, entre otros, no volverán, aseguraron varios de sus directivos la semana pasada en entrevistas a los medios de comunicación.
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En este país, en el que supuestamente los derechos de los niños son prevalentes, hemos permitido con total desdén que ellos sean los mas vulnerados e invisibilizados en medio de la pandemia.

Apenas el 15% de los casi 10 millones de estudiantes matriculados en 2021 cuenta con acceso a clases presenciales, de los cuales dos terceras partes esta representado por colegios privados. Después de año y medio más de 8 millones de estudiantes siguen “en la virtualidad”, aun cuando ya se sabe que no contamos con un modelo que verdaderamente garantice la educación remota y que muchos de los estudiantes no cuentan ni siquiera con los medios para conectarse, especialmente en la zona rural. El Tolima presenta números realmente decepcionantes: de un total de 270 mil matriculados en el departamento apenas 9 mil estudiantes están en alternancia (3.4%), de los cuales mas de la mitad corresponde al sector privado. En Ibagué se matricularon este año 103 mil estudiantes y apenas 4 mil reciben clases presenciales.

Esa realidad ha traído consecuencias devastadoras: el año pasado termino con una deserción abrumadora que superó los 243.000 estudiantes en toda Colombia. Los resultados de las pruebas saber demostraron una perdida significativa en el puntaje obtenido por estudiantes de colegios oficiales que no contaban con internet ni computador, ampliando aun más la brecha educativa. Las afectaciones en términos de salud física y mental por el encierro y la falta de interacción con otros niños y jóvenes, y la exposición a múltiples riesgos asociados a la imposibilidad de asistir a los entornos protectores que representan los colegios y jardines infantiles, son una desgracia para millones de familias.

Los maestros de Colombia merecen todo el reconocimiento y la admiración, nos han educado con la mayor dedicación y esfuerzo y en medio de realidades complejas. Sin embargo, podría decirse que han sido un sector privilegiado en medio de la crisis por el Covid-19. Por ser empleados estatales no perdieron su trabajo, mensualmente pudieron seguir devengando un salario y contar con la protección de la seguridad social. Acomodaron su trabajo a la virtualidad y pudieron compartir con sus familias y cuidar de sus hijos sin exponerse obligados al riesgo de contagio, como le tocó a la mayoría. Ahora fueron priorizados en el proceso de vacunación. Entonces, se esperaría una respuesta grata para con la sociedad y, en especial, para con sus educandos.

Es cierto que el gobierno tiene una deuda enorme con la infraestructura del país, pero en medio de tantas afugias que ha traído la pandemia y luego el paro nacional, el mecanismo de presión no puede seguir siendo los estudiantes del país.

Ellos son el futuro de Colombia, dicen. En fin, la hipocresía.

CÉSAR PICÓN

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