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Esa misma práctica de despojo de tierras se ha replicado durante muchos años y en casi todas las regiones de Colombia. Se estima que alrededor de 6.5 millones de hectáreas fueron abandonadas o despojadas. En la mayoría de casos los responsables fueron los paramilitares (83% según Forjando Futuros). Por supuesto no han sido los únicos implicados. Gremios, empresas, políticos, fuerzas del Estado, notarios, etc., de una u otra forma han participado en la expropiación violenta de tierras a cientos de miles de campesinos que, indefensos, terminaron en los pueblos y ciudades engrosando las filas de pobreza y desempleo.
Gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en el Gobierno Santos, el país ha avanzado en devolver la tierra a sus verdaderos dueños. Van alrededor de 400.000 hectáreas restituidas a 73 mil propietarios. Solo en el Tolima se han recibido mas de 8.000 solicitudes sobre predios abandonados o despojados en 40 de los 47 municipios del Departamento, de las cuales se han resuelto 5.500, logrando devolver más de 8 mil hectáreas a sus legítimos dueños.
Esa Ley y todo lo que ha estado relacionado con el proceso de paz, ha tenido un enemigo común: el uribismo. Lo de hacer trizas la paz en el Gobierno Duque ya todos sabemos como lo han querido materializar. El principal objetivo ha sido tumbar la JEP, porque allí se devela la verdad y eso les incomoda.
Pero para no salirnos del tema de las tierras, el periodista Daniel Coronell recordó en su columna de Los Danieles, como la Senadora uribista María Fernanda Cabal alegaba en el Congreso “el principio de buena fe y la presunción de inocencia”, con el fin de arropar de legalidad a los despojadores de tierras. Incluso, en el año 2018 presentó un proyecto de Ley para modificar la Ley de Restitución de Tierras y consumar sus exóticos argumentos, afortunadamente no pasó. “Empresarios” y políticos cercanos al partido de Uribe están directa o indirectamente comprometidos con el despojo. El Representante a la Cámara del Centro Democrático por Santander, Óscar Villamizar, tendrá que devolver un predio objeto de despojo. Jorge Pretelt, ex magistrado de la Corte Constitucional y que apareció recientemente haciendo parte de la pre candidatura de Cabal, también está demandado por un presunto caso de despojo en Urabá. Y así hay varios casos.
Las tierras en Colombia han sido un botín de guerra para los violentos que lo repartieron entre políticos, narcos y empresarios. Hay que sacar del poder a quienes han pretendido defender ese tipo de expropiación y otros tantos vejámenes del conflicto armado. Instaurar un Gobierno democrático que garantice la reforma rural integral, genere seguridad personal y jurídica en el campo, y potencie la producción agropecuaria y agroindustrial, a ver si después de tantas décadas oscuras, los campesinos y productores pueden por fin vivir y producir en la tierra prometida.
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