Garantías

Hasta ahora, bajo el pretexto de su función como congresista, el gobernador Ricardo Orozco ha puesto a la hoy candidata a figurar en cuanto mitin puede. De manera poco ética, hace que le agradezcan a la candidata los proyectos que aprueba o financia la Gobernación, le hace masivas reuniones con recursos públicos y le otorga una visibilidad que ningún otro aspirante podrá llegar a tener.

La casa Barreto ya tiene acostumbrado al Tolima a sus desafueros con tal de quedarse con el poder y hacer elegir a sus candidatos. Han sido múltiples las denuncias de funcionarios y contratistas que, con timidez y casi siempre de manera anónima por temor a represalias, aseveran presiones por parte de sus superiores para que apoyen a quien diga Barreto: deben llevar listados con números de cédula para comprobar caudal electoral, comprar rifas y aportar recursos para reuniones y eventos, la última perla fue la de exigir que para el pago de honorarios a contratistas de la Gobernación del Tolima, estos deberían obligatoriamente entregar información personal y de sus redes sociales.

A principios de este año se conocieron denuncias por el incremento extraordinario de contratos por prestación de servicios en las entidades controladas por el barretismo, todo en aras de asegurar miles de votos para sus candidatos al Congreso de la República. Nada pasó con dichas quejas, nadie investigó, todo normal.

Súmele a eso la gran cantidad de recursos que se invirtieron en las campañas de esa organización en las elecciones del pasado 13 de marzo que, por cierto, no aparecieron reportados en el aplicativo Cuentas Claras, como lo revelé en mi columna del 28 de febrero de este año titulada ‘Parte de tranquilidad’; según eso, los eventos con montaje tipo concierto, los buses, las chivas y la rimbombante y excesiva publicidad, no les costó ni cinco.

La indecencia en el ejercicio de la función pública puesta al servicio de intereses electoreros es una práctica común del barretismo. Pero hay que ponerle tatequieto. La Procuraduría debe iniciar de manera temprana un ejercicio de vigilancia preventiva para evitar que las elecciones locales y regionales del próximo año resulten nuevamente contaminadas por la intervención descarada de quienes hoy gobiernan.

La Misión de Observación Electoral debería iniciar desde ya un seguimiento permanente de las seguras intromisiones que se darán por parte del Gobernador y el Alcalde para tratar de favorecer sus candidatos. Está claro que la mera suspensión por unos días del cargo al Alcalde que se “identi-FICO” en las presidenciales no los va a desanimar a seguirle metiendo la mano a las elecciones. Y desde las Corporaciones Públicas (Concejo y Asamblea), al menos por mera supervivencia, deberían ejercer un control político serio y denunciar cualquier intromisión de funcionarios y directivos públicos en las justas electorales del próximo año.

Sé que suena iluso, sobre todo en un departamento en el que la democracia está sitiada por un clan que se cree dueño de todo, pero no renuncio a la idea que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes, que las campañas se hagan sobre la base de ideas de cambio y no ligadas al poder burocrático y económico de quienes las apadrinan.