La cruenta e inagotable guerra colombiana es una fuente permanente de desasosiego al punto de que cada colombiano tiene una historia o un episodio que involucra a su familia o a sus allegados en la sangrienta saga.

Por supuesto que los episodios más complejos y, lamentablemente, soslayados son los que  tienen que ver con los uniformados a cuyo cargo está la representación de la República.

Acontece que las bajas y los heridos o afectados en la confrontación muchas veces no reciben la atención, el cuidado y el apoyo médico que requieren y que el Estado está en la obligación de prestar.

El reciente asesinato del soldado William Domínguez, quien fue liberado tras dos años de secuestro en poder de las FARC y murió violentamente en las calles de Bogotá ha forzado al país a volver los ojos sobre lo que acontece.

Los contrastes son abismales como bien se pudo observar tras la liberación de los tras contratistas estadounidenses. Tan pronto fueron rescatados su Gobierno los arropó, impidió que se hiciera un espectáculo mediático con su regreso a la sociedad y les brindó el más completo servicio médico y psicológico hasta cuando fueron estabilizados para hacer una vida normal.

En el caso de Domínguez se le sometió una sobreexposición en la televisión hasta convencerlo que podría tener una nueva carrera en el canto y la composición y se le descuidó cualquier proceso que le permitiera su reinserción en la sociedad sin traumatismos adicionales al punto que terminó cantando en los buses y afectado por fantasías y desubicación.

Se cuentan por cientos los uniformados que han padecido el secuestro y lo mínimo que debe hacer la sociedad para con estos servidores es brindarles la más completa atención que permita su reintegro a la comunidad en plenas capacidades y liberados de los fantasmas de la retención forzosa.