Aunque hay unos 50 millones de personas (18 por ciento de la población estadounidense) que no tienen acceso a la salud, se espera que unos 30 millones queden cubiertos con la nueva reforma.

Gran parte de la cobertura que se hace a sectores pobres y de bajos ingresos de la sociedad se logra gracias a que los servicios de urgencia son proporcionados por hospitales y médicos disponibles para ello. Entonces, ¿quién paga estos servicios?

Es indudable que los pacientes deberían hacerlo como se paga cualquier otro servicio público. Sin embargo, cuando ellos no quieren, no tienen o se niegan a hacerlo las obligaciones de salud son absorbidas por hospitales y médicos, aunque algunos de ellos logran obtener compensaciones gracias a los seguros de emergencia proporcionados por entidades estatales o a través de programas para indigentes, financiados por las administraciones locales. La parte que no se cubre se constituye en un pasivo que se va desvaneciendo con el tiempo.

El sistema tal como opera ha significado prosperidad para médicos y empresas de salud porque la atención masiva permite una buena rentabilidad en un país que defiende y elogia la dinámica de la empresa privada. Pero la nueva ley lo que busca es ampliar la cobertura de salud sin mejorarla, así ésta no sea la retórica frente a la opinión pública que también se mueve por celos y resentimientos cuando apoya o rechaza la reforma.

La nueva ley se pone en marcha como respuesta a la crisis financiera que enfrentan los Estados Unidos y todo el mundo capitalista. Ahora, sectores medios y altos de la sociedad, como médicos y centros hospitalarios privados, deben acudir con parte de sus ganancias a financiar la voracidad del sistema de seguros y del sector financiero.

Es cierto que la ley presenta bondades para un sistema en el cual los costos la salud son altos, donde no se puede acceder a seguros privados, porque las empresas aseguradoras temen pérdidas si aceptan a quienes sufren de enfermedades catastróficas, terminales o crónicas. A estos pacientes se les niegan los servicios porque los seguros se niegan a tomarlos. La nueva ley obliga que este tipo de enfermedades puedan ser atendidas.

De otro lado los servicios de Medicare y Medicaid, que son los del Estado, van a ser sujetos de cambios que recortarán pagos a Médicos, profesionales de la salud e instituciones prestadoras de servicios de salud. Así, a marzo del 2012 se ha presentado un recorte del 30 por ciento en los reembolsos del Medicare y para compensarlo el futuro será de negociaciones con quienes, en los condados, poseen fondos gubernamentales para financiar a ciudadanos precarios.

En este panorama de incertidumbres se espera una gran pérdida de ingresos para los sectores de la salud y donde son escasos los médicos especializados, éstos no negociarán sus servicios con empresas que tienen seguros médicos sino que cobrarán sus tarifas particulares. Y buscarán pacientes con seguros privados, con una mejor remuneración excluyendo de sus prácticas a pacientes de Medicare y medicaid.

La reforma a la salud así como nuestra ley 100 en Colombia desmejorará a médicos, limitará los servicios médicos y hospitalarios y eventualmente dejará casi toda la salud en manos de empresas privadas que poco interés han tenido por sus pacientes pues su preocupación básica es ser rentables y, para ello, harán más exigencias de trámites para obtener servicios clínicos y paraclínicos.

La reforma en Estados Unidos aunque deja fuera del sistema a 20 millones de personas sin atención médica, generará cambios en los servicios médicos, en los sistemas de seguros y en el trabajo de quienes prestan servicios de salud. Pero, con un mercado nuevo de 30 millones de usuarios, es posible que el paraíso médico con que han soñado quienes llegan desde otros países a los Estados Unidos, podrá alterarse pero no modificarse en el espíritu que mueve a quienes se hayan vinculados al servicio de la salud.     

Así, a pesar de las dificultades muchos médicos del mundo seguirán emigrando desde sus países en busca de conocimientos, investigación y unos mejores salarios por su trabajo en los Estados Unidos.

Y a partir del 2014 todo ciudadano tendrá que comprar un Seguro médico, será obligatorio para empleadores de más de 50 trabajadores tener seguros médicos para sus empleados y quienes ganan más de 250 mil dólares anuales tendrán que pagar para Medicare el 3.8 por ciento de sus ingresos. Sólo así será posible implementar más servicios para los usuarios del seguro social.

(*) Universidad de Los Andes