18 de Noviembre del 2017
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Columnista Invitado
13 May 2017 - 3:01am

Populismo penal

Publicada por
JOSÉ FILADELFO MONROY
Autor:

Los hechos delictivos ocurridos recientemente en las ciudades de Bogotá y Armero Guayabal, donde las víctimas fueron dos niñas de 10 y 3 años de edad; estremecieron la sociedad Colombiana. Son actos criminales que desde luego, merecen el repudio y el rechazo de todos.

Los medios de comunicación difundieron profusamente la noticia y la ciudadanía sin excepciones, reaccionó pidiendo la pronta y eficaz acción de los órganos de investigación y la mayor pena para el o los responsables de tan aberrantes comportamientos.

Cada vez que en nuestro país se comete un delito que vulnera la vida e integridad sexual de un menor, aparecen personas que aprovechando la conmoción y la indignación que el hecho produce, proponen la pena de muerte o la cadena perpetua para los violadores. Como no tenemos una política criminal estructurada, coherente y preventiva, pese a que existe el Consejo Nacional, el camino más expedito es aprobar leyes penales creando nuevos tipos delictivos o incrementando las penas como única respuesta al clamor popular de justicia.

La sociedad debe entender que el Derecho Penal no es la panacea contra las conductas delictivas, desviaciones y actos salvajes que algunos de sus miembros realizan. Tampoco puede ser un instrumento de venganza personal o familiar y menos una forma de vindicta pública; como lo fue en siglos pasados.

La cadena perpetua que hoy se propone como solución frente a las conductas ilícitas de los violadores de niñas y niños, es reactiva y regresiva. Implicaría modificar la Constitución Política que prohíbe en su artículo 4 la prisión perpetua. También obligaría al análisis y debate sobre principios y derechos fundamentales como: la dignidad humana, pro homine, y garantías procesales de rehabilitación y reinserción. Con el establecimiento de la prisión perpetua, se estarían desconociendo las funciones de la pena consagradas en el artículo 4 de código penal: prevención especial y reinserción social.

Sobre el tema que nos ocupa, la catedrática de la U. Nacional, Whanda Fernández León afirma: “El populismo penal promueve desde el Gobierno y el Parlamento – obviamente sin estudios de política criminal– pero con gran incidencia en el nivel político electoral, la expedición de leyes impróvidas, incongruentes, irracionales, para aumentar penas, crear delitos, reducir beneficios, privatizar la justicia y de contera desestructurar el modelo procesal, soslayar derechos, menoscabar garantías y vulnerar el debido proceso acusatorio.”

La verdadera política criminal diagnostica y ataca las causas personales, familiares, sociales y económicas de los comportamientos criminales; diseña e implementa programas y acciones preventivas; vigila y controla los sistemas y organizaciones que tienen la directa responsabilidad de la educación y formación de la infancia y la juventud.

Nos negamos a entender y a aceptar que el delito es un problema social, no un problema legal y que la criminalidad debe combatirse con todos los recursos y medios disponibles, no exclusivamente con la aprobación de nuevas leyes penales.

Abogado Penalista

Este artículo obedece a la opinión del columnista. El Nuevo Día no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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