Es un cáncer que corroe la estructura del Estado y las entrañas de la sociedad colombiana.
Con ocasión del reciente escándalo de corrupción política y judicial que compromete a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y a algunos congresistas, se estremeció de nuevo la Nación; por la gravedad de los hechos y por la calidad de sus protagonistas.
Entonces los medios de comunicación amplifican la noticia y la vuelven rentable, los comentaristas políticos se rasgan las vestiduras y todos volvemos a hablar de crisis de valores morales, de probidad y de honestidad. Se escuchan expresiones como “que Colombia tocó fondo”, “que se impuso la cultura de la corrupción”, “que el país perdió el rumbo y caímos en el abismo”. Otros se preguntan desconsolados, “¿qué pasa cuando la sal se corrompe?”
Parece que Colombia no tiene fondo, que nuestro abismo moral es insondable, que aquí la sal nunca se corrompe solo se transforma. No podemos aceptar que la corrupción sea una cultura por más que se haya vuelto costumbre, es una contracultura integrada por acciones insanas y comportamientos malvados contrarios a la moral y la ética.
Es cierto que la corrupción administrativa, para citar solo una de las tantas formas de apropiación ilícita, le representa al Estado y a la Sociedad multimillonarias pérdidas como consecuencia del saqueo permanente. Es un daño irreparable y difícil de cuantificar.
Así como existen muchas clases de corrupción, también hay grados o niveles: grande, mediana y pequeña. El que roba poquito también es un ladrón y el que comete un acto inmoral en su vida cotidiana familiar o personal es igualmente responsable social; como el servidor público o el contratista que se apropia ilegalmente de los recursos de todos.
Una sociedad laxa y permisiva es terreno abonado para que prosperen todas las formas de corrupción con acciones que no siempre son delictivas, pero que siempre son inmorales y que tienen como causa la crisis de principios y valores humanos y éticos.
Se justifica al gobernante que roba pero hace obras; se dice que el 10% de coima para el funcionario en la contratación es de ley, los pícaros son los que cobran el 20 o el 30%. Muchos aceptan que los gobernadores o los alcaldes elegidos, tienen que sacar lo que invirtieron en sus campañas. Es una actitud complaciente con el corrupto, que raya en la complicidad.
Hay que insistir y persistir en la cruzada de la lucha frontal contra la corrupción, repudiando a esas sanguijuelas del erario, denunciándolos ante las autoridades y exigiendo severas sanciones para los responsables.
La anticorrupción, al igual que la paz no es bandera de ningún partido o movimiento político, es un deber ineludible de cada colombiano; si queremos que haya futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos en esta patria martirizada.
Abogado
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