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Ya la gran prensa se dedicó el fin de semana a evaluar el primer año de administración de una amplia coalición de izquierda, que en 200 años de historia republicana, se hizo por fin al poder. Ese no es un asunto menor cuando sus voces sonaron, siempre, desde lo que hemos aprendido a reconocer, y desestimar, como ‘la oposición’.
Los bogotanos habían experimentado al Petro ejecutor, en una convulsionada alcaldía que se convirtió en una especie de prólogo de lo que podría ser un gobierno en manos de un hombre que se ha batido, literalmente, en una lucha en contra del establecimiento, con un paso brillante por el Congreso de la República, con una admirable capacidad de oratoria, que convirtió su discurso anticorrupción como bandera y su imagen en la reivindicación de los ‘nadies’, de aquellos que poco o nada tienen que perder en un país acostumbrado a ser gobernado por las élites.
Ese logro, alcanzar la primera magistratura, produjo un punto de quiebre en la historia política así muchos se nieguen a reconocerlo. Del ‘baculazo’ con el que el exprocurador Alejandro Ordóñez intentó sacar del camino al Petro alcalde, destituyéndolo e inhabilitándolo por 15 años para ejercer cargos públicos -a la postre el impulso que le dio gasolina para llegar a la presidencia- hasta el Petro mandatario que ya cumplió el primer cuarto de su periodo constitucional en la Casa de Nariño, con la promesa del cambio pero una gobernabilidad ‘en fuego bajo’ por cuenta de los graves errores provenientes de sus propias filas, hay un país que va y viene en su eterna tragedia.
El brazo largo del narcotráfico así como la financiación de campañas políticas con recursos ilegales o violando los topes máximos permitidos siguen siendo los denominadores del ejercicio democrático en Colombia. El fantasma del 8.000 se apareció justo cuando la batería oficial montó su narrativa para celebrar: los botafuegos estallaron en sus propias manos.
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