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El plan del gobierno lo expuso sin sonrojarse la exministra y activista Carolina Corcho al sentenciar que había que hacer explícita la crisis del sector salud para obligar a su reforma con un modelo de Estado como único actor legítimo para prestar los servicios de salud, ya que los privados son, a ojos de esa fracción de dogmáticos, incapaces de pensar en el bienestar de la sociedad y hacer un buen trabajo en el cuidado de la salud de los 50 millones de colombianos cubiertos por el sistema de salud.
En una secuencia de acontecimientos que evidencian un plan dirigido por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, se desarrolla de la siguiente manera:
Se atribuye a las EPS la responsabilidad de los problemas del sistema de salud. Los recursos se recortan, agravando las dificultades financieras de las EPS y creando una crisis social. Como resultado, las EPS no pueden cumplir con los indicadores de habilitación financiera.
La SuperSalud interviene en estas situaciones y llega a la conclusión de que deben ser liquidadas. Los millones de afiliados son trasladados a la Nueva EPS, que se sugiere es el vehículo elegido por el ministro Jaramillo para establecer el nuevo Instituto de Seguros Sociales, potencialmente con la exministra a cargo.
El gobierno ejerce presión sobre las cajas de compensación familiar asociadas a la Nueva EPS para que cedan y permitan que el gobierno tome el control total, utilizando diversos métodos, incluyendo la intervención de las Superintendencias de Salud y de Subsidio Familiar.
Estamos retrocediendo 30 años en el tiempo, donde el nuevo ISS se convierte en una caja menor del gobierno. Enfilamos nuevamente hacia largas filas de espera y nuestro acceso a beneficios se limita a lo disponible en el hospital designado. Además, se están abriendo las puertas al control de los recursos por parte de los políticos, lo que posibilitará financiar la campaña para que los aliados del Pacto Histórico se mantengan en el poder.
El año pasado, los presupuestos dejaron de ejecutarse en una cifra escalofriante: 313 mil millones. Estos fondos cruciales abarcan servicios que van más allá del plan básico, como medicamentos vitales y elementos esenciales como pañales, que son un salvavidas para muchas familias.
Este año, los recursos disponibles, con apenas 1.7 billones, palidecen en comparación con los 6.8 billones invertidos en el 2021. Incluso en 2022, se gastaron 3.7 billones, destacando la gravedad de la actual escasez. Más grave aún, desde finales de junio no se han asignado los recursos necesarios. Esta dramática situación afecta directamente a 2.7 millones de personas que luchan con graves condiciones de salud.
El problema no solo es el desfinanciamiento. La Unidad de Pago por Capitación es insuficiente, al punto que, en 2022, las EPS tuvieron que aportar 2 pesos por cada 100 pesos necesarios para la atención con cargo a su patrimonio, más los recursos necesarios para la operación misma. En este año, la situación es aún peor, con apenas un 1.4% disponible para gastos administrativos. Los números no mienten llevando a que el patrimonio total de las EPS se encuentre en números rojos, con un déficit agregado de -2.5 billones.
Las declaraciones destempladas del ministro Jaramillo afirmando que, si se van 3 de las mejores y más grandes EPS del país, ellos le pagan a clínicas y hospitales a través de la Adres, a sabiendas que no hay marco legal para ello, muestran que en principio tienen los recursos y que no se los quieren dar a las EPS. Están jugando con candela. En cualquier momento esto puede cobrar la vida de muchas personas y detonar una crisis social sin precedentes.
PD. Los indicadores de salud pública y la gestión en esta materia que es responsabilidad del Ministerio de Salud están manga por hombro. La falta de preparación para atender los picos de malaria, atender el PAI, entre muchos otros, merece una investigación de las autoridades competentes.
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