Como era de esperarse, debido a la falta de concertación, el Presidente de la República expidió el decreto a través del cual se definió el incremento del salario mínimo y el auxilio de transporte para el 2024, los cuales quedaron en 12% y 15%, respectivamente.
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Lo preocupante de esto es que nuevamente se desconoció la estructuración técnica y las cifras proyectadas del 9,4% de inflación y el decrecimiento en 1% de la productividad, que deberían ser la base para la toma de una decisión tan importante para el país, especialmente en un momento como el que está viviendo nuestra economía.
La preocupación que le asiste a los gremios y economistas en general se fundamenta en los impactos que esto puede traer en materia inflacionaria, porque al incrementar la estructura de costos en el sector productivo por encima de la inflación, se tienen que aumentar los precios de los productos y servicios para que las empresas no pierdan valor, generando esto un efecto en la inflación, que ya venía cediendo, lo cual era un respiro para los colombianos.
Lo más crítico de esto es que si se vuelve a subir o deja de bajar la inflación, el Banco de la República no continuará ajustando las tasas de interés, reflejándose finalmente en el consumo de los hogares que viene decreciendo durante 13 meses consecutivos, conforme a las cifras que presenta el Dane.
Pero acá no para el problema, la miopía del gobierno y la falta de análisis técnico, no le han permitido ver que vamos para una recesión económica, porque ese consumo de los hogares también viene afectado por los incrementos de la gasolina, que en enero sube otros $600, un 5% adicional para los ultraprocesados, que en su mayoría son productos de consumo masivo, también se va a sentir los efectos de la reforma tributaria en las personas naturales, especialmente de clase media, sumado a lo que tradicionalmente sube a comienzos de año como servicios públicos, transporte, educación, entre otros.
Una combinación compleja a la que se le suma el aumento en cerca del 20% a los peajes, como se han dado algunos anuncios del Ministro de Transporte, además que está pendiente de ajustar el Acpm, que sin duda presenta un efecto en los precios de los alimentos y demás bienes por el impacto en los costos de la carga. A la anterior lista también hay que incluirle las actualizaciones catastrales y los proyectos que hay en esta materia, que pegan en los bolsillos de todos los colombianos.
Así las cosas, el 2024 que ya comienza mañana, viene lleno de retos en materia económica, que el gobierno no ve o seguramente no quiere ver. Por eso es necesario dejar tres mensajes claros, el primero es que el Gobierno deje de estar inventando reformas y presentando propuestas de un cambio que no está planeado, que no está técnicamente soportado y que no tiene en cuenta a quiénes puede impactar y que más bien se dedique a gobernar porque en todas las carteras tienen niveles de ejecución muy bajos y hay temas como la seguridad que ya les sacó mucha ventaja.
Segundo, tienen que escuchar a los empresarios, centros de estudio y gremios, que hay que hacer un plan de choque para salvar la economía y evitar caer en una recesión económica que está a la vuelta de la esquina y tercero, decirle a los congresistas, que piensen más allá de sus intereses personales y le den a cada proyecto o propuesta, un verdadero análisis y discusión técnica, por el bien del país.
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