La seguridad ciudadana se debe entender como un bien público, referida a un orden ciudadano democrático que contrarresta las amenazas de violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica; no debe ser vista exclusivamente como la “acción policial”, reducción de los índices de delincuencia, capturas o las actividades preventivas y de control, toda vez que, se considera como el resultado de una política de gobierno que se orienta hacia una estrategia integral, que incluye la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores, en el respeto de la ley y la tolerancia, destacando el sentido de corresponsabilidad para alcanzar una sana convivencia.

Por lo tanto, no es conveniente que en el ámbito local, opositores de la política de seguridad ciudadana en Ibagué, utilicen como discurso a la Policía Nacional, omitiendo y desconociendo que la institución no hace parte de la política, siendo una retórica mal interpretada por la comunidad que exige un mejor servicio policial y no mayor efectividad en las acciones conjuntas e independientes de la trilogía comunidad – autoridades - Policía, escenario aprovechado para criticar y engañar a la ciudadanía con temas centrales de inseguridad, donde en ultimas, la afectada es la comunidad en general y por esto, la seguridad queda en medio de discursos por disputas políticas de personas que buscan un interés particular y no colectivo.

La Policía Nacional, por mandato de la Constitución, hace parte esencial de la Fuerza Pública, la función que corresponde cumplir es de trascendental importancia para el Estado y la sociedad, su accionar apunta, por una parte, que los habitantes de Colombia puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades dentro del marco de la Constitución y la ley; además, garantizar la convivencia pacífica dentro del seno de la sociedad colombiana.

Por ello, no se puede utilizar la percepción de seguridad de los ibaguereños y tolimenses como “caballito de batalla” de un discurso autocrático de personas que desean figurar políticamente a costa de deslegitimizar a las instituciones, ya que en un Estado organizado, la seguridad ciudadana hace parte de las políticas de Estado, y su implementación y ejecución se realiza a través de la articulación de estrategias y mecanismos que permitan la participación activa de los órganos que integran el poder público del Estado, la sociedad civil, los diversos gremios de profesionales, independientes, institutos educativos… etc, coadyuvando para alcanzar la paz social, por ello, siempre se ha insistido en un frente común para la seguridad, tendiente apoyar las políticas de gobierno, fortaleciendo la seguridad de la región y permeándola de los actores armados y la delincuencia en general. DIOS Y PATRIA.