Comienza el año con una esperanza dual en los colombianos: para unos el año de la paz, tal como se ha anunciado desde la mesa de diálogos de La Habana, ante la inminencia de la firma del acuerdo prevista para este primer semestre; y, para otros con la opción de que ese hecho no se materialice y venga nuevamente el escenario de confrontación y guerra, a ver si en la prolongación de estos 50 años de lucha es posible derrotar militarmente a la guerrilla.
Para quienes siguen la primera opción, y debo contarme entre ellos, los motivos de esperanza están fundados en la perspectiva de lo avanzado en las negociaciones: agenda acordada y agenda agotada.
Un proceso complejo, como era de esperarse para solucionar una guerra de media centuria que ha arrojado toda clase de adversidades y padecimientos a los colombianos: muertes, secuestros, extorsiones, desplazados, ataques indiscriminados, narcotráfico; razones que además nos han mantenido con la imagen aplastada en el escenario internacional.
A todo eso hay que ponerle fin; no fue posible con el enfrentamiento, que en ocasiones sirvió para atenuar el conflicto, no para acabarlo, y que al hablar de negociación necesariamente hay que hablar de inclusión, en donde es claro que hay que crear unas condiciones en donde los alzados en armas van a dejar de serlo y tendrán que pertenecer a la sociedad civil por todos compuesta, con unas garantías establecidas y seguramente con unos incentivos que no deben alarmar por cuanto hacer la paz tiene un costo que hay que pagar como el que paga el padre por regenerar a su hijo o el que paga el Estado por los desarraigados.
Aquí ha estado presente la comunidad internacional representada en los países amigos del proceso y en las organizaciones internacionales que monitorean los acuerdos.
No será una firma lo que indique que el conflicto terminó definitivamente, pero será el comienzo del fin.
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