La historia de Colombia entre los finales de los años 40 del siglo XX y lo que va de este XXI está recargada de violencias, de diversas motivaciones, según sus actores.
La llamada Violencia atizada por el sectarismo partidista entre conservadores y liberales tuvo atrocidades reconocidas. Fueron actos de barbarie con el propósito de exterminar al contrario y consolidar un gobierno hegemónico excluyente y dogmático. Dejó 200.000 muertos, más desplazados, expropiados, desaparecidos y amenazados. Y fueron víctimas para las cuales no hubo reparación.
A esa sistemática agresión se agrega el anticomunismo aplicado como doctrina de Estado encaminado a la persecución de quienes actuaran como disidentes del establecimiento oficial, aferrado a un oscurantismo providencialista e intransigente.
La violencia atizada por los mismos protectores del Gobierno provocó la alteración extrema del orden público. Se desconocieron derechos y las garantías consagradas en la Constitución no tuvieron aplicación. El Estado de sitio fue recurrente y bajo su rígida imposición se restringieron las libertades, con toque de queda e incitación al abuso. Los gamonales se hicieron a muchos privilegios a costa del empobrecimiento de la población desprotegida. Además, la consigna de “A sangre y fuego” se articuló a la política con énfasis para impulsar su repetición.
Atrapada la Nación en ese rumbo de hostilidades, es mayor el fermento para los desatinos. Se agudiza la tormenta con la permisividad oficial y así se llega al crimen que acabó con la vida del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien encarnaba la voz del pueblo, de los inconformes, de los excluidos, de los desterrados.
Desde entonces Colombia cayó en ese campo atroz de la confrontación sin tregua y allí siguió esa hoguera espantosa que ha sido el conflicto armado, tan encarnizado y prolongado. Son varios los episodios atroces con muerte, secuestro, despojo de tierras, extorsión, desaparición forzada y otros hostigamientos y vejámenes recurrentes. Guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado son los actores.
A pesar de los acuerdos que han llevado a la desmovilización de varios grupos armados, todavía no se logra una paz completa.
El acuerdo con las Farc consolidado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos ha sido sin duda el salto más importante de paz que se haya dado en la Nación y por consiguiente requería continuidad puntual y no el desmantelamiento que se quiere hacer de lo pactado.
Los colombianos tienen que tomar conciencia de lo que representa la reconciliación, con la dejación de las armas, el cese al fuego y la dedicación a la reparación de las víctimas y la construcción de una nación libre de odios y de tantas desigualdades y discriminaciones. Una nación de democracia aplicada a la política y a todas las actividades de su población.
No se puede seguir en la mezquindad de la exclusión, ni en la podredumbre de la corrupción, que tantos desgarramientos le dejan al país en beneficio de las mafias que explotan el poder a la medida de su avaricia.
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