Aferrados a su torre de marfil para ignorar la realidad del país, los dueños del poder en Colombia no ven, no escuchan, no sienten. Se desentienden de los suplicios que padecen sus compatriotas. La pobreza no los conmueve y la violencia la toman en cuenta solamente cuando les llega en carne propia. Y todo lo reducen a interpretaciones acomodadas a la visión recortada que tienen. El otro recurso en que se apoyan es la mentira para mostrar los hechos con una versión distorsionada. Y así manejan todo para proteger sus intereses. Es la estrategia de resistencia a los cambios que se están pidiendo. Porque las estrecheces que han predominado son insostenibles.
La desigualdad, la impunidad, la corrupción que todo lo pervierte y las demás mezquindades no corresponden al Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Nacional de 1991. Para que esa norma deje de ser una ficción se imponen otras disposiciones que lleven a la erradicación de tantos desajustes económicos y sociales acumulados. La democracia debe garantizar oportunidades para todos en empleo, emprendimiento, los derechos sociales, además de la libertad para que no se repitan las prácticas de ultraje a la persona humana.
La consolidación de la paz, tras el acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las Farc, exige la implementación completa y esto depende de la voluntad del Gobierno y el Congreso. Debiera ser esa prioridad de todos los sectores, tomando en cuenta que la paz no se reduce a silenciar las armas. Es también la suma de beneficios para el fortalecimiento de la sociedad sin ataduras regresivas, sin prácticas electorales viciadas, sin censura, sin protección a privilegios que generan discriminación y diezman la equidad. Colombia no puede seguir atrapada en ese laberinto de tantos desgarramientos.
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