Tradicionalmente la lucha contra las drogas y el tratamiento de la adicción han sido concebidos como un problema judicial donde el Estado actúa como agente represivo dentro de un escenario de lucha que se conoce como “guerra contra las drogas”. El consumidor de sustancias psicoactivas es considerado un delincuente y su adicción, una conducta que merece la privación de la libertad. Seamos sinceros: sabemos que no estamos hablando de criminales, sino de seres humanos en situación de “enfermedad” que merecen atención por parte del Estado. Sensible a esta realidad, y de acuerdo con la política del Ministerio de Salud, presenté un Proyecto de Ley que busca el reconocimiento del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, como un asunto de salud pública. El pasado martes 5 de junio, la Cámara de Representantes lo aprobó en último debate.

Es la primera vez que Colombia reconoce la drogadicción como un problema de salud pública. Sin embargo, la aprobación de este Proyecto de Ley ha generado interpretaciones erróneas que promueven la idea de una contradicción irreconciliable entre hacer efectivo el derecho fundamental a la salud de los colombianos y el cuidado de las finanzas del sistema de salud en nuestro país. Este falso dilema parte del análisis de la atención a la drogadicción desde la viabilidad económica. ¿Será que los 43 billones de pesos invertidos cada año en el sistema de salud no alcanzan para atender a todos? ¿Dónde están esos recursos? ¿Cómo y en qué se están invirtiendo?

La corrupción es la verdadera hemorragia que padece el sistema. Esta no puede ser la excusa para dejar a los adictos sin tratamiento.

El Proyecto de Ley busca que el Estado de manera gradual cumpla con las obligaciones que por vía de tutela vienen imponiéndole las Cortes; que las entidades de salud puedan planear anticipadamente el costo de tratamientos, cuya inclusión estaba prevista desde la administración Uribe, y, finalmente, que el sistema de salud pueda contrarrestar la crisis vaticinada por el mandato judicial.

Es importante anotar que desde hace varios años, las Cortes han venido ordenando al Estado prestar atención a los pacientes que padecen adicción a las drogas y este, sin planeación alguna se ha visto obligado a cubrir los costos. El Gobierno nacional tendrá un plazo amplio hasta 2016 para cubrir la totalidad de los pacientes, aplicar criterios de priorización para la atención de menores de edad y población vulnerable.

Adicionalmente, el proyecto prevé que los tratamientos harán parte del POS, por lo que los recursos serán tomados de los aportes al sistema de salud y será la Comisión de Regulación de Salud, la que definirá su incorporación dentro de la  unidad de capitación. Finalmente, la iniciativa legislativa contempla que podrán utilizarse recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -Frisco- para la implementación y financiación de estos tratamientos.

En síntesis, parece que la adiccion a la prohibicion es la más difícil y costosa de superar.

* Senador