La parapolítica en Colombia, que se hizo visible luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas, que reveló la existencia de vínculos entre políticos y grupos armados ilegales de extrema derecha y que conectó al narcotráfico como proyecto político, vuelve a tener otro representante, Juan Carlos Martínez Sinisterra.

Este excongresista, presunto narcotraficante y promotor de grupos armados al margen de la ley, opera principalmente en el Valle del Cauca, lugar donde desde la década de los 80 se concentró uno de los más grandes carteles del narcotráfico en Colombia. Martínez, a pesar de haber sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares, y de estar investigado por la Fiscalía General de la Nación por narcotráfico, ejerce gran influencia sobre importantes entidades estatales del Valle del Cauca como la Corporación Autónoma del Valle, la Dian de Buenaventura y, hasta hace poco, la Gobernación de ese departamento. Como si fuera poco, se han revelado indicios de que Martínez trata de sostener su poder político a través del Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO. Este movimiento político ya cuenta con personería jurídica y avala candidatos al Concejo de Cali, la Asamblea del Valle y a otros cargos de elección popular en diversas regiones del país.

El proyecto político de narcotráfico tiene en jaque el proceso democrático de la región. El Valle parece sometido no solo por la violencia, sino, también, por la compra de votos, la presión sobre el electorado para votar por determinados candidatos. Un ejemplo del estado de sitio en que se ubica el sistema democrático val­lecaucano, es la reciente confirmación por parte de las autoridades, del desmantelamiento de una red que buscaba hacer fraude para elegir nuevo gobernador en el departamento y los supuestos vínculos con el exsenador Juan Carlos Martínez y con favorecimientos a representantes del movimiento MIO.

La narcopolítica ya no es una amenaza, estamos frente a la evidencia de que la estrategia del paramilitarismo unido al narcotráfico como proyecto político es apoderarse de las instituciones públicas y del poder político en el país. Para luchar contra este fenómeno y frenar su expansión, necesitamos además de la acción judicial contra delincuentes locales; que las autoridades competentes investiguen a profundidad denuncias de fraude, constreñimiento al elector y compra de votos; que el ciudadano con poder electoral, revise las hojas de vida de sus candidatos a corporaciones públicas y a cargos de elección popular; y sobre todo, que el Estado a través de sus tres ramas del poder ejerza control, no solo a través de la presencia militar y policía, sino en las vidas cotidianas de muchos colombianos que, ante el abandono y el miedo, se convierten en instrumentos para que estas estructuras se conserven y sus herederos las asuman.