En 2011, el tráfico de drogas costó a nuestro país el uno por ciento del PIB. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de recursos invertidos en la guerra contra el narcotráfico, los resultados no han sido los esperados y por el contrario, siguiendo el Informe Mundial sobre las Drogas 2011 (www.unodc.org/wdr), se observó un leve aumento en el consumo. Estas razones nos llevaron a presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que diera un giro a esta política contrafracasada y planteara una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico que concentrara los esfuerzos en la demanda, la salud pública y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilícitas. Nuestro trabajo fue exitoso, pues el pasado 31 de julio fue sancionado el proyecto, convirtiéndose en Ley 1566 de 2012.

    Efectivamente, estudios como The War on Illegal Drug Production and Trafficking: An Economic Evaluation of Plan Colombia, muestran que a pesar de que el gobierno de Estados Unidos desembolsó cerca de 3.8 billones de dólares al Gobierno colombiano para fortalecerlo en la guerra contra productores y traficantes de drogas ilegales, los resultados obtenidos no han sido los esperados. Así, los estudios indican que la cantidad de cocaína que llega a los consumidores desde nuestro país ha permanecido relativamente estable y que el precio de la cocaína no ha variado de manera significativa, pues no se presentan cambios importantes en los patrones de demanda. A pesar de esto, el gasto conjunto entre EE.UU. y Colombia en el componente militar del Plan Colombia corresponde a 1.2 billones de dólares en promedio al año, entre 2000 y 2005, correspondientes a aproximadamente 1,5 por ciento del PIB de Colombia en estos años.

    Hasta la fecha, la lucha contra las drogas no había abordado la problemática del consumo. El último Informe Mundial de Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas reveló que el número de consumidores de países en desarrollo aumenta significativamente y que son los jóvenes de edades entre 18 y 25 años, la población más sensible a esta problemática. Teniendo en cuenta este escenario, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó en días pasados la primera ley que reconoce la adicción a sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública, lo que supone un giro en la lucha contra las drogas y asume al consumidor problemático como un enfermo, prescribiendo para él, tratamiento a través de los servicios de salud.

    Así, la Ley 1566 de 2012 será aplicada en forma progresiva dando prioridad a los menores de edad y a poblaciones que presenten mayor grado de vulnerabilidad frente a las sustancias psicoactivas. En 2016 ampliará su cobertura a todos los adictos de Colombia. Esta nueva legislación propone un giro importante en la mirada cultural a la problemática de las drogas. En este sentido, se requiere de una pronta reglamentación de la nueva ley y que, como lo acaba de hacer Obama en Estados Unidos, en Colombia empecemos a dar cada vez más presupuesto a la salud pública y a la prevención restando recursos a la represión y al castigo.