Este martes, el Senado de la Republica elegirá a un nuevo miembro de la Corte Constitucional. Este proceso surge como resultado de la renuncia del exmagistrado Juan Carlos Henao, y de la conformación de la terna por parte del Consejo de Estado para nombrar su reemplazo. La elección no es de poca monta: todo lo contrario, el candidato elegido será el responsable de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y, por tal motivo, tendrá un papel fundamental en el destino de Colombia y en la preservación o erosión de las garantías fundamentales y los principios que nos mueven hacia la consecución de un Estado Social de Derecho.

Sabemos que la Carta Constitucional abre sus ojos y cobra vida a través de sus intérpretes. En este marco, será vital la corriente de pensamiento y la visión filosófica de Estado que cada uno de ellos profese. Alrededor de la Carta Magna hay pocos consensos, por lo que las opiniones que se levantan generan diversas posiciones: por un lado, existen aquellos que vemos en la Carta Constitucional de 1991 el resultado de un movimiento estudiantil, social y político que logró la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para dar una nueva carta de navegación al país que lo llevara hacia un Estado Social de Derecho, democrático y participativo que superara el modelo centralista, presidencialista y autoritario de la carta de 1886.

Por otro lado, se levantan voces que al no estar contentos con la Carta Constitucional quisieran cambiarla y que encuentran incómodos los principios generales y abstractos consignados en su preámbulo. La diversidad de estas perspectivas, convierten la elección del próximo magistrado a la Corte Constitucional en la decisión más importante dentro de la Rama Judicial por su influencia definitiva en el destino del país en temas tan neurálgicos como por ejemplo, defender o reformar la constitución en asuntos relacionados con la Ley de Justicia y Paz, el Marco para la Paz, o el modelo de desarrollo más apropiado para el agro en Colombia.

Además de estos temas álgidos, el acontecer nacional entregará al nuevo magistrado la responsabilidad de decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, y sobre los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos reformatorios de la Constitución. Igualmente, será el nuevo magistrado quien resuelva sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución; o decida sobre las objeciones por inconstitucionalidad que el Gobierno formule contra proyectos de ley.

En pocas palabras, la elección de los próximos días significará no solamente el nombramiento de un candidato dentro de una terna enviada, sino, también, la elección de un intérprete constitucional que nos permitirá seguirle apostando al desarrollo de libertades dentro de un marco jurídico, democrático y participativo o, que avalara la reforma de una carta constitucional promovida por más de dos millones de colombianos y aprobada por más del 86 por ciento de los votantes en las elecciones de 1990.