las pretensiones de ese país. Sin embargo, el único llamado a modificar el mapa de Colombia según la Constitución de 1991 es el Congreso de la República y no lo haremos hasta agotar las vías jurídicas disponibles.

El fallo de la Corte Internacional de Justicia, tiene antecedentes históricos desde 1928. Fue en ese año, en el que Colombia y Nicaragua suscribieron y ratificaron el tratado Esguerra-Bárcenas  que reconocía la soberanía y propiedad de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y, el meridiano 82 como límite marítimo entre los dos países. Más de 50 años después, en 1980, de manera sorpresiva Nicaragua declaró unilateralmente la nulidad del Tratado mencionado y en diciembre de 2001 le solicitó a la Corte Internacional de Justicia que reconociera su soberanía sobre el archipiélago y definiera la frontera marítima con Colombia.

Aunque la Corte declaró la validez del tratado Esguerra-Bárcenas en el 2007, y reconoció la soberanía de nuestro país sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el pasado lunes, estableció un nuevo límite marítimo, desconociendo la frontera del meridiano 82 y reconociendo a Nicaragua 531 kilómetros de plataforma continental.

Previo a esta columna, he advertido que el Gobierno Nacional debe solicitar la revisión del fallo de la Haya, de la misma forma que solicitó la revisión de la condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano por  la masacre de Mapiripán.  La razón: se fundamentó "en hechos falsos". Ahora, no aprobaré ninguna reforma constitucional para cambiar el artículo 101 y los límites del país, hasta que se revise este fallo injusto y doloso que desconoció la integralidad de un tratado cuya validez la Corte misma había reconocido en el 2007.