En el libro Historia reducida del Partido Liberal Colombiano, Rodrigo Llano Isaza cita el ensayo escrito por Rafael Uribe Uribe titulado: "De por qué el Liberalismo colombiano no es pecado". Este militar, político y diplomático colombiano, asesinado precisamente en las escaleras del Capitolio Nacional, afirmaba que la proclamación a toda costa de que el liberalismo es pecado, solo ha logrado dividir a la sociedad colombiana, provocar guerras y desintegrar a la nación. Los recientes debates llevados a cabo en ese mismo Capitolio, le han dado vigencia a las palabras del General.

Durante estos días he recibido varios mensajes que me piden cuentas, con justa razón, sobre mi voto en favor de Alejandro Ordóñez para Procurador. Algunos de quienes cuestionan con pasión el voto de un liberal por Ordóñez, solo tienen en cuenta temas muy importantes en los cuales en privado y en público le hemos expresado al Procurador nuestra postura distante en relación con el aborto, la drogadicción y los derechos ante la ley que tienen los homosexuales. Hemos definido como criterio rector de nuestra postura la defensa jurisprudencial de la Corte Constitucional. 

Sin embargo, la gestión del Procurador ha promovido banderas históricas e importantes para los liberales, invisibles para los críticos. La justicia por ejemplo. Sin la Procuraduría de Ordóñez, el proceso de investigación por el asesinato de mi padre seguramente estaría muerto, como también el proceso de Carlos Pizarro, Alvaro Gómez y Bernardo Jaramillo. Ordóñez no solo ha respaldado con argumentos sólidos la tipificación de lesa humanidad en estos crímenes sino que le ha pedido a la Fiscalía, en más de cinco oportunidades, la vinculación a los procesos de altos Oficiales de la Fuerza Pública.

La defensa de causas liberales como la justicia para los más débiles y la lucha por la transparencia, marcó nuestra decisión en favor del titular de la Procuraduría. Investigaciones disciplinarias sobre Agro Ingreso Seguro (AIS), el carrusel de la contratación en Bogotá, los avances en investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH, que han llevado a sanciones importantes para más de 200 funcionarios, levantamiento de pliego de cargos contra más de 500 servidores públicos y la destitución desde el  2009 de más de 262 miembros de la Fuerza Pública, solo por mencionar algunas decisiones, demuestran con resultados el balance positivo de la gestión del actual Procurador.