En días pasados, Edward Snowden, ex-agente de inteligencia de los Estados Unidos hizo pública información relacionada con el programa de espionaje de los Estados Unidos sobre Latinoamérica. Así, nos encontramos con que casi el 70 por ciento de la región viene siendo objeto de interceptaciones de llamadas, correos electrónicos y vigilancia de información sobre sus ciudadanos. En el caso colombiano, al parecer desde hace más de 5 años el país del norte, viene indagando sobre asuntos internos no solo en áreas de cooperación militar sino también sobre temas comerciales. 

Es cierto que Colombia sostiene una estrecha relación con los Estados Unidos en seguridad y lucha contra el narcotráfico y que, en términos generales, es importante fortalecer las actividades de inteligencia a través de la cooperación internacional; sin embargo, es fundamental que estas actividades se den en el marco del pleno conocimiento y consentimiento por parte de las autoridades colombianas so pena de estar frente a una grave situación que podría atentar contra la soberanía de los países, las libertades civiles y los derechos humanos.

La experiencia de los colombianos en estos temas, hace que cada uno de nosotros esté atento a evitar extralimitaciones en estas actividades. Por eso, el marco legislativo del que fui autor para reglamentar las actividades de inteligencia incluyó controles y  rendición de cuentas por parte del Congreso de la República y de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar el cumplimiento de estrictos límites, principios y fines para estas acciones.

Por esta razón, seguiremos con atención las explicaciones que entregue la Embajada de los Estados Unidos al comunicado emitido por la cancillería sobre la actuación de su Agencia Nacional de Seguridad en Colombia. Hay que tomarse en serio las garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos; en nombre de la seguridad se vale todo lo que esté en la protección de los derechos humanos.