Un proyecto político mafioso que pretendía cooptar el Estado colombiano y las instituciones democráticas. La extradición, el control de lavados de activos, la extinción de dominio, la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio han sido elementos necesarios para una política que ha contrarrestado la amenaza.

Hace 30 años, Colombia entendió que era un país consumidor. Hoy estamos despertando en nuestra realidad de país consumidor de SPA. El consumo ya no es un problema que comienza en la adolescencia sino en la niñez, el consumo es más alto en colegios privados que en colegios públicos, la droga ilícita más usada por los menores es la marihuana y Bogotá, Medellín y Pereira son las ciudades con mayor consumo en el país.

La puerta de entrada a la adicción es el alcohol. Aunque promulgamos la primera ley en América Latina que declara que el consumidor no es un criminal sino un ser humano que tiene derecho al tratamiento, más de un año después, vivimos la frustración de la debilidad institucional y la ausencia de voluntad política para materializar un sistema de salud pública que incluya a consumidores y adictos.

El Estado, tiene nuevas responsabilidades que no ha asumido: proteger a las personas que quieran rehabilitarse, de exigir a las EPS´s que cubran sus tratamientos dentro del POS, y de sancionar a quienes incumplan a través de la negación del servicio.

Todos tenemos un papel para asumir: El pasado 18 de noviembre se lanzó la Guía práctica para entender los derechos en salud y la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas.

Ahora, los invito a conocerla a fondo y a exigir su cumplimiento frente a todos los sectores involucrados. La responsabilidad de convertir el papel en una realidad, es de todos!