La justicia transicional requiere de nuevas formas de abordar el conflicto que, además de buscar la justicia, garanticen el reconocimiento de las víctimas y la seguridad de que los hechos violentos no volverán a ocurrir.

Estos argumentos también parten de supuestos equivocados aunque amparados en argumentos genuinos y legítimos como el derecho al debido proceso y la necesidad de devolver la confianza y la seguridad jurídica a la Fuerza Pública.

Si las reacciones son las habituales, el tema suscitará un debate en el país del cual sólo salen damnificados los soldados, policías y, especialmente, la víctima del secuestro. Los primeros serán objeto de señalamientos y el secuestrado pasará a un segundo plano.

El principal reto que afrontará la propuesta es evitar que sea sofocada por quienes encuentran en el actual modelo electoral la mejor forma de preservar su poder político, aislados del ciudadano, que no rinden cuentas y alimentan maquinarias a punta de clientelismo y favores.

Un control, para ser efectivo, debe ser capaz de influir en que las decisiones actuales y futuras para que la ejecución presupuestal sea eficiente y eficaz.

El que aparece subordinado a estos objetivos es el interés de los ciudadanos comunes y corrientes, en especial los más pobres, que afrontan gran variedad de obstáculos para acceder a la justicia.

Hoy 10 familias colombianas vuelven a estar reunidas en un momento de felicidad sólo comparable con el dolor padecido durante este tiempo de ausencia y zozobra.

En los últimos meses, el Gobierno colombiano ha manifestado su convicción de la necesidad de abrir la discusión sobre la política mundial en contra de las drogas ilícitas y explorar nuevas opciones.

Los consumidores pagamos ese otro costo vía impuestos generales: es el costo de proveer seguridad a la infraestructura petrolera.

Al ex Senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, le han concedido el beneficio de la casa por cárcel en consideración a su condición de padre cabeza de hogar.