La salud dejó de ser un derecho fundamental cuando fue convertida en negocio muy rentable de Empresas Prestadores de Salud que, como es lógico, solo buscan el lucro a costillas de sus víctimas.

El derecho a la educación, especialmente universitaria, en manos privadas y hasta teñidas de sangre, es un privilegio que solo disfrutan muy pocos bachilleres. El derecho a la justicia y al trabajo no ha pasado de ser un nido de palomos. La democracia participativa no ha salido de los textos.

Los derechos, aunque se predique lo contrario, siempre han sido privilegios de los poderosos para hacer más rentables sus negocios.  Mientras tanto la vida y el medio ambiente se convirtieron en basura para ser reciclada con sangre por narco para políticos, parlamentarios y magistrados corruptos, de un Estado que desaparece los desaparecidos del Palacio de Justicia y le bota tierra a los falsos positivos que justificaron condecoraciones.

El derecho a la vida y a la dignidad ya es mercancía de politiqueros y criminales a quienes nada interesa la vida y el medio ambiente. Todo parece indicar que el único derecho del colombiano es “que no le respeten sus derechos”.

La Constitución dice que la paz es un deber y un derecho de todos los colombianos, pero cuando se  hacen gestiones para buscarla, aparece la oposición liderada por los negociantes de la guerra, los que se han enriquecido con sangre y tierra de campesinos, los que utilizan la violencia para obtener respaldo en las urnas y los que viven de las necesidades de los campesinos que cuando protesta de inmediato se le vincula a la guerrilla, como lo hace un par de uniformados y un par de ministros con sus lanzafuegos verbales, o se les mal trata como ocurrió recientemente en Dolores, municipio en el cual sus problemas de orden público solo han recibido fusiles sin prestar atención a sus problemas sociales. Nada que ver con el derecho  a la paz.

El derecho a la recreación y al deporte  en el caso del Tolima se ve reflejado en el abandono de los escenarios deportivos construidos a raíz de unos juegos atléticos nacionales y dizque ahora en venta al mejor postor. Lo normal cuando los derechos se sazonan con negociados. Derecho al espacio público cuando este se comercializa o es invadido, sin consentimiento de la comunidad, para instalar dependencias oficiales que en nada benefician a los sectores invadidos, especialmente residenciales?

Los frutos del derecho a la libre expresión están a la vista: asesinatos, exilio obligado y persecución de periodistas, micrófonos utilizados para chantajear funcionarios por pauta o contratos de medio pelo, columnistas fletados que utilizan sus espacios para ensalzar a sus patrones, mientras los procesos por las chuzadas y amenazas a periodistas duermen el sueño de lo injusto.

Cuento aparte son los servicios públicos, el mínimo vital, las prestaciones sociales y las tomaduras de pelo  a los derechos de petición. Todo eso va de la mano del alza desmedida en la valorización, la obligatoriedad de abrir cuenta bancaria para pagos oficiales.

Y arrímele por los lados, el juego del mal trato a los vendedores ambulantes en lugar de organizarlos, ayudarles a mejorar la presentación de sus negocios con miras a lograr que llamen la atención del turista, asignándoles sectores decentes  y horarios adecuados.

“Colombia es un Estado social de derecho, …”, dice la Constitución (Art.11º.). Eso dice, pero para que se convierta en realidad tenemos la obligación de luchar unidos para lograrlo.