Medio país está concesionado a extractivistas extranjeros que al país solo le han dejado destrucción del medio ambiente, del tejido social y de la cultura. El Chocó es un ejemplo. Mientras se concesiona, a espaldas del pueblo, el gobierno vende el cuento que les hace el mandado porque necesita plata para investir en el desarrollo del país, sin contar qué ha pasado con las regalías, que tienen a la Guajira con niños muriéndose de hambre. Claro que hace falta plata, pero el faltante, o déficit que llaman, no sería tan grande si se atrevieran a ponerle freno a la corrupción institucionalizada que permite ejemplos como Dragacol, la privatización del río Magdalena, Isagén, Reficar, Salucoop, la feriada de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de estupefacientes, las prácticas de los carteles del azúcar y de los insumos agropecuarios, las exportaciones ficticias, los contratos de obras públicas encarruselados, Interbolsa, Invercolsa, la fletada de medios de comunicación, los administradores de justicia que la venden al mejor postor, los grandes evasores de impuestos, Carbocol, Cerro Matoso, Túnel de la Línea, Banco Central Hipotecario, Seguros Sociales, Colpuertos, Flota Mercante, Ferrocarriles Nacionales y sólo para rematar, el robo de la comida de los niños de La Guajira.
El país es demasiado rico, tanto que no lo han acabado los corruptos. Lo que no se puede tolerar es que sacrifiquen el futuro del país, destruyendo el medio ambiente, con el apoyo de un gobierno sin norte ambiental y una clase que todo lo hace por el dinero, sin intentar solucionar los problemas sociales que tanto han perjudicado a los más pobres, especialmente a los campesinos a quienes no se les ha dado representación política y que como víctimas los convierten en victimarios, según las conveniencias politiqueras.
Es necesario y urgente la defensa del medio ambiente, Piedras dio un ejemplo a nivel nacional. Ejemplo que trata de seguir Cajamarca a pesar del fleteo de conciencias en que están empeñados los amos y señores de La Colosa. El turno lo toma Ibagué con la Consulta Popular que propone su alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, para rechazar el extractivismo en el municipio y sumarse a la campaña nacional de defensa de los recursos hídricos.
Esta consulta merece el respaldo de quienes vivimos en Ibagué y consideramos que el bienestar de la comunidad, depende más del agua que consumimos y que utilizamos para producir alimentos, que el oro que otros se llevan dejando todos los ecosistemas arrasados.
La vida es sagrada y el agua es vida y por lo tanto es sagrada. Si ésta se contamina deja de ser vida. Esto es lo que está en juego en la consulta que propone al alcalde de Ibagué, que como era de esperarse, le aparecieron opositores. Una vice ministra despistada y un veedor oportunista y entetaito que llora por unos pesitos y un arrume de jurispeditos fletados, que tratan de asustar a los concejales. A ellos se han sumado funcionarios y personas carentes de lealtad institucional y regional, que actúan más como voceros pagos de la multinacional Anglo Gold, que como sujetos cumplidores de su deber.
A un palo de mamoncillos no se le pueden pedir yucas. Nos toca como dolientes y directos afectados de la catástrofe ambiental que se avecina, apoyar con toda la consulta y demostrar que nuestra opinión tiene valor y fuerza suficiente para derrotar “Lo que la Corte dijo”.
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