*+Hay mucha preocupación, no solo dentro de la comunidad universitaria, por la suerte que desde hace algún tiempo corre el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima. En vez de cumplir su papel como centro de divulgación de la cultura de nuestros pueblos ancestrales, se distingue por la desidia de quienes allí laboran, totalmente alejados de su obligación de prestar la debida información y atención al público que intenta visitarlo. La falta de compromiso de sus directivos ha llegado hasta el extremo de que actualmente, al museo, solo se le conoce por la venta de tamales y huevos.
Pero las anomalías no paran ahí. Es de conocimiento público el último robo de una pieza de oro, que allí se exhibía y que hace parte del patrimonio cultural del Tolima con un valor incalculable. Ese delito fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que hasta el momento no ha arrojado ningún resultado producto de la investigación que debió adelantar. La justicia está en deuda con los tolimenses en este caso.
Es lamentable la falta de sentido de pertenencia de nuestros dirigentes con nuestro patrimonio cultural. El Festival Folclórico se ha degradado hasta más no poder y tampoco se ha encontrado a los responsables del despelote a pesar de las denuncias de los ciudadanos y de algunos medios.
El MAT sobrevive gracias al trabajo incansable del maestro Darío Ortiz y de Márgareth Bonilla. La exposición de la obra de Goya que actualmente se exhibe fue prorrogada a petición del público, lo que demuestra que sí hay niños y adultos con un genuino interés por conocer y aprender de los temas culturales.
*+Ahora que se puso de moda hablar de la lucha contra la corrupción, no sobra hablar de la sanción moral, algo que podría ser una buena herramienta para ayudar a combatirla. Esto no significa que las sanciones penales, disciplinarias y fiscales contra los corruptos se dejen de lado, sino que la ciudadanía muestre abiertamente su rechazo a que los corruptos, por ejemplo, regresen a manejar recursos públicos.
Es un cambio de cultura mediante el cual el ciudadano exige que la justicia, los medios de comunicación y en general la sociedad, no le sigan dando un trato más benigno al delincuente corrupto que al que no tiene poder.
Es verdad que esta discriminación a favor de los corruptos no es invento de las nuevas generaciones. Esta clase de tratamientos hace parte de nuestra cultura. Basta echar un vistazo a nuestra historia, para ver que desde la Conquista nuestra historia está escrita con la visión de los poderosos.
José Antonio Galán, por ejemplo, nuestro líder comunero que realizó la primera liberación de esclavos en América en la mina Malpaso de Mariquita, fue perseguido como criminal y ladrón, descuartizado y su cabeza expuesta en Guaduas. Muchos años después se reivindicó el nombre del prócer y sus asesinos siguen siendo figurones.
Otro tanto ocurre con la historia de Manuel Quintín Lame, el gran defensor de los indígenas, abofeteado en público por el poeta Valencia, abuelo de la Paloma que hoy, siguiendo su ejemplo, se ensaña con los pobres. Y, en el Huila, a donde huyó tras los atropellos de los poderosos Valencia también fue víctima de la persecución del Secretario de Gobierno -Fray Anselmo de Santa Quitelia-, quien ordenó eliminarlo.
Quintín Lame se salvó de la orden de exterminarlo y llegó al Tolima para organizar resguardos y pasar largas temporadas en la cárcel. Gracias al desprestigio de su nombre, por cuenta de los tinterillos de Ortega encargados de robar tierras a los indígenas, hoy su nombre solo es valorado por las poblaciones ancestrales.
Tampoco hay que olvidar que Francisco Antonio Zea, fue enviado por los revolucionarios a Europa, a conseguir un préstamo para financiar los ejércitos libertadores, préstamo del cual Zea descontó una cantidad para su propio peculio, que después pagaron los colombianos.
Eso sin contar la forma como Alfonso López Michelsen y su descendencia se hicieron a inmensas extensiones de tierra incluyendo la hacienda La Libertad, al igual que los hermanos Álvaro y Enrique Gómez lo hicieron para obtener la propiedad de una extensa área de la Reserva Galilea.
La sanción moral no operó en ninguno de estos casos, como tampoco se ha visto con los verdaderos responsables de la violencia en Colombia, cuyo origen fue la tierra. Se hicieron ricos y poderosos con las tierras y los bienes de los campesinos y siguen tan campantes. Estos usurpadores merecen una sanción moral, sin que con ello se pretenda disculpar los crímenes de los alzados en armas.
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