En Colombia, el poder judicial ha adquirido en los últimos años un protagonismo pocas veces visto en el vecindario latinoamericano y en la historia nacional. 

Inteligentes analistas de la realidad política colombiana, han sostenido, que sin esa fortaleza del poder judicial, Colombia estaría padeciendo un grave e irreparable deterioro democrático. En otras palabras, que el poder judicial ha salvado recientemente al país, de caer en oscuros terrenos de absolutismo y degradación institucional. 

Observando desapasionadamente este fenómeno, podemos evidenciar que nuestra democracia se mueve institucionalmente de manera acelerada a partir de la existencia real y actuante, más que de los tres poderes tradicionales, de dos: el ejecutivo y el judicial. 

El legislativo muy poco suena y nada que truena. Es más, en el poder judicial se han decidido los grandes y trascendentales debates políticos de las últimas décadas. Y a través de la acción de tutela y las acciones populares, por ejemplo, se han conquistado derechos imposibles de lograr mediante las instancias nacidas de la participación electoral. 

Y es más, en momentos de afanes legislativos que en algo lesionen la competencia del poder judicial, éste pide ayuda no al legislativo sino al ejecutivo, para que actúe a su favor, como ocurrió recientemente cuando los Presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia solicitaron al Presidente Santos (no al Senado ni a la Cámara) intervenir para modificar aspectos sustanciales en el proyecto de la reforma a la justicia que ya realizaba sus trámites legislativos en el Congreso.

El protagonismo institucional del poder judicial quedó en evidencia de nuevo, con el tempestuoso y polémico fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá condenando a Plazas Vega por los trágicos hechos del Palacio de Justicia en 1985. 

Y, la complicada orden al Ministro de Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Militares de pedir perdón en acto público en la Plaza de Bolívar. Sumada también a la delicada petición a la Corte Penal Internacional para investigar al expresidente Belisario Betancur por esos mismos lamentables acontecimientos. 

Es un fallo por esencia polémico, que cuenta con otras instancias procesales -también dentro del poder judicial- para ser solucionado definitivamente, con la serenidad jurídica e histórica, una vez se agoten los recursos legales.  Y, es precisamente allí, en las instancias superiores, donde al final se confirmarán, revocarán o modificarán dichas sentencias. Por lo tanto, no existe vía democrática distinta, a la de esperar con paciencia el pronunciamiento final de la instancia judicial competente. 

Lo demás, solo sirve para alborotar peligrosamente el avispero político colombiano. Evidente, que el poder judicial en Colombia, cada vez adquiere mayor protagonismo político. Obvio, en defensa de la Constitución. Afortunadamente.