no se ha mencionado por ninguno de los más encarnizados fustigadores, que el poder judicial en Colombia haya sido aliado en algún momento del narcotráfico o el paramilitarismo. Afortunadamente. Claro que varios de esos mismos críticos han sostenido algo peor: que la rama judicial ha actuado en alianza con las Farc y el M-19 para proferir trascendentales y polémicos fallos que han conmocionado la opinión pública nacional.

A partir de la objeción legal y constitucional realizada por la Corte Suprema de Justicia a la forma en que se recolectaron pruebas en el operativo que dio de baja en el Ecuador a varios integrantes de las Farc, varios de los críticos ya referidos, sin ningún empacho sostuvieron soterradamente que la Corte estaba realizando un favor a las fuerzas subversivas.

O sea, que estaba al otro lado de la legalidad, combatiendo, o al menos, ayudando a perturbar y desmoronar la institucionalidad nacional. Ahora, regresan con sus perversos comentarios sugiriendo que tras el reciente fallo que confirmó la condena del coronel (r) Plazas Vega, está la mano oculta del M-19.

Es decir, que ese movimiento armado, ya extinguido y enterrado, conserva capacidad decisoria para influir sobre los fallos que profiere la justicia colombiana. Nada más alejado de la verdad, como lo puede evidenciar objetivamente la opinión pública colombiana.

El problema es otro: el poder judicial en Colombia es el enemigo principal del narcotráfico y el paramilitarismo. Y algo más preciso: de su fusión para acceder y controlar territorios e instancias propias del Estado.

Por ello, la estrategia de esos dos tenebrosos sectores emblemáticos de muerte y violencia, ha sido el de desprestigiar el poder judicial, sus magistrados, sus instancias constitucionales y sobre todo tratar de deslegitimar sus fallos.

Hace poco el Tuso Sierra confirmó la existencia de esa estrategia en la que él participó directamente. Y lo reafirmó Don Berna, involucrando prestantes personalidades que ejercieron funciones por varios años en la Casa de Nariño. O sea, que la alianza narcotráfico- paramilitarismo para atentar contra la legitimidad del poder judicial en Colombia, es un hecho cierto, y por demás condenable, democráticamente hablando. El Tuso y Don Berna, no son dos pintados en la pared para hablar de esos tenebrosos asuntos.  

Ahora bien: falta un tercer elemento. Podríamos llamarlo el brazo político de la alianza entre el paramilitarismo y el narcotráfico, expresada a través de la extrema derecha militarista, que opina muy interesadamente. No olvidemos que Castaño revisaba columnas de leídos comentaristas de importantes diarios nacionales, antes de ser publicadas, para dar su respectiva aprobación. Por eso no resulta raro, que la única acusación que jamás se ha utilizado para tratar de desprestigiar al poder judicial, es la de ser aliada del paramilitarismo y el narcotráfico. Precisamente porque ellos saben que esa sindicación es falsa. Como también lo saben, que es falsa de toda falsedad, la injerencia de sectores ajenos a la rama judicial al proferir sus sentencias.