Varios analistas, han sostenido, que antes de la Constitución del 91, Colombia se pensaba como una nación blanca, (de pronto hasta mestiza), bipartidista y católica. Después de promulgada la Constitución, surgía la Colombia multiétnica, pluricultural y aparecieron en la escena constitucional las “minorías” étnico – culturales, de género o de preferencias sexuales.

Antes de la Asamblea Constituyente, los indígenas constituían minorías lejanas, desapercibidas, olvidadas y sin importancia para las élites de poder en Colombia. Tanto así, que el Estado oligárquico le había fijado el marco legal para su marginal existencia, enmarcado en la Ley 89 de 1890 “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civil”. La presencia del constituyente Lorenzo Muelas, demostró que los indígenas existían como sujetos de derecho.

Que eran más de 100 pueblos de gran diversidad. Que hablan más de 65 lenguas diferentes al castellano. Que tienen una historia y unas tradiciones, una cultura y unos sueños que no siempre coinciden con los del resto del pueblo colombiano.

Esa fuerza indígena,  cultural pero también social y organizada, es la que vuelve a ser tema en estos días en el Cauca cuando aspiran a manejar  problemas de violencia en sus territorios, de acuerdo a su idiosincrasia. Aquí también, chocan – y de entrada - como es lógico suponerlo dimensiones diferentes frente a la concepción de temas esenciales de Estado: lo relacionado con la soberanía y la autonomía territorial.

Lo sano y esperanzador, sería que se logrará armonizar conceptos en torno a una realidad imposible de enmarcar con esquemas pétreos, alejados de la realidad actual. El Presidente Santos, frente a la fallida Reforma a la Justicia, comprobó que cuando de  salvar las instituciones se trata se puede flexibilizar el sentido teleológico de la norma. Ojala en esta ocasión también,  alumbre el bombillo de una salida concertada y ajustada a la norma superior. Ese es el reto.