y que constituye por estos días noticia relevante en nuestro continente, tiene mucho de largo en el terreno jurídico y otro tanto de ancho en las esferas de los medios de comunicación, para no hablar del supuesto contenido pornográfico, que además de ser asunto irrelevante poco tiene de interesante.

Tras la divulgación del video, se evidencia la  violación al derecho fundamental a la intimidad de la protagonista, es decir, la interferencia arbitraria en la esfera o espacio de vida privada de una persona, no susceptible de intromisiones sin la autorización previa del titular de ese derecho. Dicha violación al derecho a la intimidad resulta incuestionable. Pero, la cosa no para ahí: el video fue divulgado por cientos de noticieros y medios de comunicación a nivel continental y universal Y lo cosa, aún no se detiene allí: el video fue causa de sanción contra la inocente y desafortunada actriz.

La avalancha de avances en sistemas de comunicación existentes, deja una indiscutible lección: en asuntos de intimidad no se puede dar papaya, es decir, papaya puesta papaya partida. O sea, que el respeto y la guarda al derecho a la intimidad debe ser ejercida primero que todo por el titular del mismo. Lo cuestionable –y que puede ser objeto de discusiones jurídicas – consiste en la publicación de  videos por medios de comunicación, sin que la noticia allí registrada, y obtenida en flagrante violación al derecho a la intimidad,  constituya motivo de beneficio para la comunidad, en el ejercicio del derecho también fundamental de información. Y aquí viene, otro tema novedoso: los personajes públicos son objeto de permanentes intromisiones en su vida privada, precisamente por ser personajes públicos. Deben existir millones de videos, más insinuantes y calientes que el protagonizado por Karina, pero en ninguno de ellos la actriz tiene calidad ministerial. El valor publicitario del video en este caso,  radica entonces, más en el cargo que en la persona. Lo lamentable, es que el cargo no tiene intimidad y la persona sí. Por ello, el lógico cuestionamiento y reproche a la actitud sancionatoria ejercida por la Presidenta de Costa Rica, Laura Chichilla, -de separar del empleo a Karina-, en la que prevaleció más el oficio gubernamental que la mujer. Cuando lo humanamente comprensible, era la primacía de la persona sobre el cargo. Y, sobre todo, el respeto al derecho a la intimidad de las personas.