No el común y corriente que se expande generosamente por la geografía nacional en conquista de ciudadanos de a pie y de alpargatas, por lo general sumidos en la pobreza y la desesperanza, para elegir ediles, concejales, alcaldes, gobernadores, representantes a la cámara y senadores, sino un clientelismo especial, digamos de cúpula institucional, que se practica entre un sector reducido de altos jerarcas institucionales.

La característica del clientelismo a la colombiana radica en que es esencialmente electoral, o sea, referido a elecciones y electores.

Universalmente se considera como un sistema de protección que los poderosos otorgan a cambio de sumisión y servicios.

Pero en Colombia, a partir del nefasto Frente Nacional, se institucionalizó el intercambio entre votos y puestos, que no ha podido erradicar ni siquiera las buenas intenciones de los constituyentes de 1991. Al contrario, al establecer un serio sistema de pesos y contrapesos al interior del Estado, los constituyentes no alcanzaron a imaginar, que en esa instancia de control autónomo, quedaba abierta la puerta para que el demonio del clientelismo entrara e hiciera de las suyas, todo dentro de una supuesta y perversa legalidad.

Al establecer en el artículo 276 de la Constitución la forma de elección del Procurador General de la Nación, se partía de la buena fe y acatamiento de los ejes fundamentales de nuestra Carta por parte de los más altos dignatarios del Estado. Pero, lo que se percibe aquí y ahora, constituye una seria afrenta de clientelismo de cúspide institucional, por cuanto se evidencia el cambio del voto –y la postulación - por puestos en dichas corporaciones, como se ha denunciado en el caso de los cuatro órganos decisorios en esta elección: Consejo de Estado, Presidente de la República, Corte Suprema integrando una terna de uno y el Senado eligiendo al único ternado. Obvio, Consejeros de Estado, Magistrados de la Corte Suprema y Senadores llenarán buena parte de la nómina de la Procuraduría con sus recomendados. Ese era el negocio. Así se pactó. Y, se cumplió dentro de una nefasta y perversa visión de legalidad clientelista.

A lo anterior, también es justo y necesario, adicionar la particularidad de que se trata de una reelección. Y, algo más, que el candidato a ser reelegido –por demás hábil y astuto en estas lides- puede meter susto y miedo, en sectores que intervienen en su reelección, para lograr su apoyo. Y eso, que el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público. Al que quiera más “que le piquen caña”.