Sólo a esos dos partidos, excluyendo absolutamente a las demás fuerzas políticas, y repartiendo todo –no parte – de la nómina completa del erario de la nación a esas dos privilegiadas colectividades partidistas en el propósito oficial de consolidar sus respectivas  fuerzas electorales. Ahí también surgió el perverso sistema de cambiar puestos por votos –o como táctica para  calmar sustos- que se presentó hace pocos días  en la reelección del Procurador,  donde se evidenció la resurrección del clientelismo  que tanto daño institucional y democrático causó, en la cima y la sima,  a la sociedad colombiana.

La Constitución de 1991, al establecer  parámetros para el desempeño y ejercicio de funciones públicas - Título V Capítulo II - buscó erradicar esta lesiva práctica de corrupción, que de cuando en cuando dolorosa y trágicamente mediante componendas, triquiñuelas, trampas y zancadillas a la norma de normas, aparece rediviva en el Congreso y las altas Cortes colombianas. El fantasma bipartidista, ronda aún con bastante frecuencia las encumbradas esferas del poder judicial en Colombia. En la reciente reelección de Procurador, dos de los candidatos dentro de la terna real de uno, se declararon pertenecientes y militantes del Partido Conservador.

Ahora bien, en la Corte Constitucional se encuentra la vacante por elegir en reemplazo del Magistrado Humberto Sierra Porto. El Consejo de Estado tiene que formular esa terna. No lo ha hecho aún y se está dando unas largas preocupantes y sospechosas. Las buenas lenguas, han sostenido que los magistrados del Consejo de Estado, están divididos “entre quienes quieren una terna liberal y quienes quieren una conservadora”. Increíble. Por una parte, por cuanto se estaría resucitando arbitrariamente la potestad ya extinguida constitucionalmente de entregar a las directivas de Partido Liberal o Conservador las magistraturas de las altas cortes. O de otra, de encasillar, en un esquema conceptual y políticamente superado la conformación de parte de la Corte Constitucional. Y por último, la ausencia total de una instancia para exigir el cumplimiento de imparcialidad, idoneidad, méritos y calidades, en este tipo de elecciones sencillamente porque la Procuraduría General de la Nación, competente ente estas eventualidades, ya tiene partido propio. Y de pronto, mete la mano a favor de su partido. O peor aún, de sus creencias religiosas. Así las cosas, resultaría más perjudicial el remedio que la enfermedad. Triplemente increíble, como diría Alerta.