O sea, desbaratar en un momento histórico todo lo acordado durante un largo y tedioso proceso de conversaciones sobre temas fundamentales para el futuro de la Nación.  

Precisamente, porque actores con especial y definitoria presencia en la instancia constituyente, podrían serían los actuales –y rabiosos- enemigos de las negociaciones. Nadie puede garantizar que los principales protagonistas de las conversaciones de hoy sean los voceros constituyentes del mañana. Ilógico, y por demás impresentable y constitucionalmente imposible, sería convocar a una Constituyente amarrada, es decir, con las mayorías constituidas por los voceros de las Farc y el Gobierno.

La derecha colombiana se presentaría como un bloque compacto y férreamente unido, no sólo para proyectar una nueva Constitución, sino para romper vertebras fundamentales de la Constitución de 1991: limitar el campo de acción de la Tutela, restringir funciones de la Corte Constitucional, impedir el goce efectivo de derechos fundamentales para minorías, establecer la reelección indefinida para el Presidente de la República, serían entre otros, objetivos bien conocidos que han esgrimido con entonado acento en estos últimos meses prestigiosos voceros de la creciente derecha nacional. Es decir, democráticamente hablando, en lugar de avanzar, podemos retroceder peligrosamente.

Resulta un poco necio insistir que todo proceso de paz y de negociación de conflictos de este tipo, al igual que la definición de persona, es de por sí único e irrepetible. La pluralidad y diversidad política lograda para alcanzar una Constitución como la de 1991, garantista y con ejes prevalentes de defensa y garantías del goce efectivo de derechos fundamentales –entre otros muchos alcances- no se presenta en la actual coyuntura, por demás polarizada política y conceptualmente en torno al modelo de Estado, cuyo centro no lo constituye el Estado Social de Derecho consagrado en la actual Carta. 

De ahí por ejemplo, la importancia de precisar, qué puntos y temas de la Constitución de 1991 serían intocables dentro del propósito de avanzar en la consolidación de la democracia en Colombia. Dejar todo esa estructura institucional en el físico aire, no resulta aconsejable para el buen funcionamiento de la democracia en el país.

Ahora bien, importantes constitucionalistas colombianos han sostenido con sobradas razones jurídicas, que las reformas objeto de los acuerdos entre las Farc y el Gobierno, pueden adelantarse por las vías legislativas sin necesidad de acudir a la instancia primaria de la Asamblea Constituyente, obvio superando el paquidérmico andar del actual Congreso. 

Sería entonces conveniente que los actores de paz reunidos en La Habana, escucharan los planteamientos de constitucionalistas democráticos que dieran luces sobre el tema. 

Así como lo hicieron, con buenos resultados, frente al tema agrario. La academia, constituye una instancia esencial, para avanzar en la búsqueda de paz y convivencia nacional, y sobre todo para evitar las funestas consecuencias de los tiros por la culata en situaciones de emergencia.