El Tolima ha estado ligado con el nacimiento, desarrollo y avance de la Constitución de 1991 en varios temas fundamentales. La primera propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente -cercana en el tiempo a 1991- surgió de la Cámara de Comercio de Ibagué representada en ese entonces por Augusto Trujillo Muñoz. Las conversaciones entre Pizarro y Pardo iniciadas en los cercanos entornos de Natagaima, con sus respectivos intercambios documentales, fueron el registro de nacimiento de ese proceso constituyente. 

La primera ocasión que en Colombia se escuchó hablar de “Tutela” como un mecanismo de defensa de derechos de los pobres, se presentó en Ibagué cuando más de un centenar de vendedores ambulantes exigieron respetar su derecho fundamental al trabajo. 

Dos tolimenses fueron Constituyentes: Alfonso Palacio Rudas y Abel Rodríguez Céspedes, este último para más señas natural de Piedras. Y ahora, el Tolima es noticia, precisamente porque en Piedras, se presentó un novedoso experimento de consulta popular –consagrado en la Constitución de 1991 como una de las formas de participación democrática del pueblo- que rechazó el desarrollo de actividades mineras en su territorio.

El Tolima vuelve y juega jalonando los ejes participativos consagrados en la Constitución. Lo interesante, en el área constitucional, radica en que se inicia un proceso que abre discusiones sobre asuntos de indiscutible importancia nacional, y que debe terminar más tarde que temprano, en un pronunciamiento de las altas Cortes. 

La mirada jurídica del tema, es por demás importante y constructiva, ya que se trata de un experimento participativo nunca antes visto a nivel nacional en ese sentido. Resulta que la decisión de 2.971 personas habitantes de un municipio colombiano está próxima a convertirse en Acuerdo del Concejo. Interesante. Y luego en decreto del Alcalde. Más interesante aún. Pero como quiera, que en el fondo de estas expresiones jurídico administrativas, se mueven negocios de muchos billones de pesos hacia el futuro, se presagia desde ya un emotivo debate entre pesos pesados de la economía, la política y la justicia colombiana.

Sea cual fuere el resultado final –ojalá de confirmación de la decisión acogida en el mecanismo de participación popular- el hecho en sí de la consulta, es de por sí de enorme significado pedagógico por cuanto permite visualizar a las comunidades que cuentan con vías de derecho eficaces para reclamar del Estado protección de derechos fundamentales de las personas. 

Los argumentos en su contra –jurídicamente hablando- no son de poca monta. Para la muestra un botón: la Procuraduría sostiene que solo el Gobierno nacional puede decidir sobre proyectos mineros en las regiones. Bajo ese argumento se configura de entrada un poderoso bloque en su defensa: Gobierno nacional, Procuraduría y Empresarios vinculados a la minería. 

La cosa no esta fácil para nuestros paisanos. Pero en el fondo, la decisión va más allá de las piedras en la carrilera de la locomotora minera, se trata de empezar a definir en la práctica el verdadero alcance de las consultas populares. Y ese, es un asunto nacional de trascendental importancia.