Lo anterior, en ningún momento significa que nuestra Constitución Política sea una obra perfecta, intocable, inmodificable, alabada y venerada eternamente como un texto de dogmas religiosos. De ninguna manera. Al contrario, si la Constitución no se adapta a las realidades, el tiempo y las circunstancias, lenta e imperceptiblemente se ubicará como un instrumento constitucional de tipo decorativo. 

Afortunadamente la Corte Constitucional, ha cumplido bien en la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y la mantiene con presencia, eficacia y eficiencia en la vida cotidiana de la Nación.

Democráticamente hablando, nuestra Constitución requiere de pequeños ajustes en relación con circunstancias imposibles de entender en el momento de su construcción. Valga la pena mencionar el poder dictatorial que ejerce el Procurador General, las falencias del Consejo Superior de la Judicatura, la necesaria desvinculación de las altas Cortes en la nominación y elección de funcionarios, para citar ejemplos relacionados de alguna manera con el poder judicial. 

En ese orden de ideas, y a partir del duro y vergonzoso enfrentamiento institucional, verbal y público entre la Contralora y el Fiscal, y la denuncia presentada por la Contralora ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra el Fiscal, de nuevo, se plantea la necesidad de estructurar una instancia en la que los procesos seguidos contra altos dignatarios se resuelvan de manera ágil, rápida, ajustada al debido proceso. En otras palabras, una instancia judicial que supere a la denominada jocosamente Comisión de Absoluciones.

La Comisión Legal de Investigación y Acusaciones establecida para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de la Cámara de Representantes en la acusación ante el Senado, nada más ni nada menos que del Presidente de la República, Magistrados de las Altas Cortes y Fiscal General de la Nación, no ha servido hasta el momento para nada en el cumplimiento de lo estipulado por nuestra Carta Magna.  
Y esta pelea entre pesos pesados del Estado, debería tener dentro de los cauces legales una decisión rápida, por cuanto deja en interinidad ante la opinión pública el cumplimiento correcto ética y jurídicamente de las funciones de uno de los dos altos dignatarios. 

Si a lo anterior, sumamos el tema por demás polémico de las competencias del Procurador General de la Nación, podemos avizorar la crisis institucional que espera en el cercano futuro a Colombia.  

Si por los entornos caribeños de las mesas de diálogo llueve, por estos fríos lados institucionales no escampa.