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Pero un buen día la pandemia declinará y el Presidente pondrá fin al escuálido reality del lavado de manos, para enfrentar el desplome de la producción, que es gravísimo. En el segundo trimestre la economía se derrumbó 15,7%: industria -25%, construcción -31%, comercio -34% (-66% turismo y gastronomía), entretenimiento -37%. Casi cinco millones de colombianos están desocupados. El desempleo en las 12 principales ciudades alcanza el 24,3%; 37,6 en Ibagué, donde quedaron cesantes 91.000 personas.
Le corresponde a Iván Duque Márquez señalar claramente la senda de la reactivación. Además de la economía, están en juego la estabilidad política y social de Colombia. Insisto en ello, porque ya Carrasquilla y su combo comenzaron a podar el césped de la Casa de Nariño. El domingo pasado leí en El Tiempo un publirreportaje de Minesa, con el título: “Oro, la oportunidad dorada para Colombia en la pospandemia”, replicando las declaraciones dadas por el ministro a Yamid Amat: “Sector minero-energético será protagonista de la reactivación: El ministro de Minas, Diego Mesa Puyo, dice que se busca triplicar la producción de oro en el país”.
Mauricio Cabrera Galviz, ex director de Crédito Público, desnuda el engaño: “El Estado, que es el dueño de todos los recursos naturales, recibe muy poco de esa bonanza. En las cuentas fiscales solo aumenta un poco el recaudo de impuesto a la renta, porque ya se eliminó el impuesto a las remesas de utilidades al exterior. La razón es el absurdo e inequitativo régimen de regalías que existe para el oro, que son solo el 4% del 80% del precio internacional. En los últimos años la regalía efectiva estuvo alrededor del 2.7% del valor de la producción. Es tan absurdo que la producción de sal paga una regalía mayor del 12%”.
Los funcionarios tienen en la mira Quebradona, Santurbán, Gramalote, Marmato, proyectos ruinosos para el medio ambiente y una bofetada a los pobladores de los Santanderes, Antioquia y Eje Cafetero, tradicionales fortines políticos del uribismo, que defenderán su agua y su paisaje al costo que sea. Pero como el negocio también consiste en demandar al Estado, bastará con dos firmas: una en la licencia y otra en la revocatoria que amaine la tormenta.
Alberto Carrasquilla fue designado por Duque ministro de Ambiente ad hoc, para el caso Santurbán, pues Ricardo Lozano asesoró a Minesa, empresa propiedad de los Emiratos Árabes Unidos; Estado donde se refugia el rey Juan Carlos de Borbón, investigado por un soborno de EU $100 millones, recibidos del rey saudí.
Promisorio destino para cazadores elefantes, depredadores de páramos y quienes propician el arribo de una mesiánica petrobonanza, que arrase lo que dejó en pie el coronavirus. No me refiero a la inevitable autorización del fracking, sino al advenimiento de Gustavo Petro a la presidencia. También al exilio dorado, en países de las Mil y Una Noches, de sus insospechados jefes de debate: nuestros flamantes ministros de Hacienda, Ambiente, Minas y otras carteras más.
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