PUBLICIDAD
Nadie discute la importancia de la educación: $43,1 billones y 15,9% de participación en 2020. Los países que alcanzaron el estatus de desarrollados en el Siglo XX, invirtieron considerablemente en ella. No obstante, en el confinamiento fuimos invadidos por un universo digital que llegó para quedarse. Descubrimos que podemos aprender a través de plataformas como Spotify, Netflix, YouTube; escuchando podcast, descargando aplicaciones interactivas o asistiendo a conferencias virtuales desde cualquier lugar del mundo; que la cuarta revolución industrial transforma los servicios reemplazando educadores, traductores, abogados, dramaturgos, músicos e incluso médicos; que casi todos podemos educarnos y laborar desde casa, y obtener una educación de calidad a precios asequibles; que la automatización y la inteligencia artificial permiten la ejecución de tareas en equipo, hasta ahora reservadas a especialistas inaccesibles.
Nadie le discute a Fecode su legítimo activismo sindical, pero que no vengan a abrogarse el derecho de exigir concertación de las políticas públicas de educación. Si bien el Estado tiene la obligación de financiar la oferta pública educativa, lo haría mejor haciendo universal la conectividad, financiando la demanda de formación académica con contenidos certificados en plataformas robustas que agreguen valor, competitividad y pluralismo conceptual. Navegar en ese océano proceloso de datos e información será una de las competencias del nuevo educador.
La seguridad, por su parte, se traga 13,2% del presupuesto: $35,8 billones y es otro ramo plagado de ineficiencias. El 18 de septiembre El Tiempo reseñó: “El Consejo de Estado estableció que los policías de nivel ejecutivo, que hayan ingresado a la institución antes del 31 de diciembre del 2004, tendrán derecho a asignación de retiro tras un tiempo no mayor a 20 años de servicio, si el retiro se produce por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando la desvinculación sea por cualquier otra causal…” El costo fiscal de este fallo se calcula en $600.000 millones anuales, pues no solo hay que jubilar 38.000 policías, antes de los cuarenta, sino reemplazarlos.
La diferencia entre una pensión y una asignación de retiro es que la última no requiere de una edad mínima para disfrutarla. La mitad del denostado “presupuesto de la guerra” se gasta en el retiro vitalicio de estos funcionarios, pues en la Fuerza Pública usted puede jubilarse a los 35 y mantener la remuneración 60 años o más, si alcanza los 95 o su segunda compañera bordea los 50 al momento de su fallecimiento.
Hoy existen satélites, drones artillados, cámaras inteligentes, geolocalización por el móvil y salas de seguimiento con innumerables recursos tecnológicos, como cooperación internacional, en línea, bloqueos electrónicos que podrían neutralizar la ciberdelincuencia, el tráfico de drogas, personas, armas y hasta prevenir el atraco callejero.
No deberían existir delitos políticos, pero siempre habrá opiniones políticamente incorrectas: Basta ya de alimentar debates de la “guerra fría” y repensemos ambos sectores. Ancianos desamparados, jóvenes en paro y una generación de emprendedores sacrificada por el coronavirus nos lo agradecerán.
Comentarios