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Si bien Galán selló la unión en agosto de 1987, las bases del acuerdo fueron incumplidas por el Partido Liberal. La primera, con su asesinato en agosto de 1989, cuando contaba con un 60% de favorabilidad en las encuestas para ser el candidato liberal; la segunda, con la obstrucción a la reforma constitucional que impulsó desde el Senado. Cuatro meses después de su muerte, 22 representantes liderados por Jairo Ortega, César Pérez y Mario Uribe metieron el “mico” de llevar a referendo la extradición. Alberto Santofimio, también precandidato, salió a respaldarlos argumentando que era “un acto de soberanía del poder legislativo”, lo que llevó al presidente Barco a retirar el proyecto. Con todo, la Constituyente de 1991 eliminaría la extradición. Las subsiguientes condenas judiciales a los políticos mencionados, y al secretario general del Congreso, demostrarían el siniestro poder de los criminales en Colombia. Por la muerte de Galán no solo fueron condenados los asesinos del Cartel de Medellín, sino uno de sus contendientes de la consulta liberal y el propio director del DAS, responsable de su seguridad.
A los Galán se les ha señalado de “delfines”, conforme a nuestra odiosa tradición de elegir descendientes de exmandatarios. Jamás vivieron en la Casa de Nariño. Son hijos de un mártir de la democracia; víctimas de una violencia que los privó de la presencia de su padre en plena niñez, como tantos otros compatriotas. Sus malquerientes los acusan de lucrarse de la Fundación Luis Carlos Galán, omitiendo aclarar que dicha entidad está bajo el control de la Universidad Javeriana desde el 30 de mayo de 1997.
Ambos se han curtido haciendo oposición. En su primer periodo en el Senado (17 años después del asesinato de su padre), Juan Manuel denunció tanto los Falsos Positivos, como la diplomacia paralela de las Farc. En un debate a Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura del gobierno Santos, le advirtió sobre los verdaderos enemigos de la restitución de tierras: terratenientes improductivos, grupos armados ilegales, narcotraficantes y dirigentes políticos de la coalición de gobierno. Las denuncias de Carlos Fernando contra Samuel Moreno permitieron destapar el Carrusel de la Contratación. El control político que ejerce sobre la administración de la alcaldesa Claudia López es un ejemplo de responsabilidad política.
Hace falta el Nuevo Liberalismo con su fuerza moral. En buena hora Juan Manuel Galán nos invita a recrearlo, sin esperar a que la Corte Constitucional lo defina. Fundamental contar con un partido fresco, modernizante y progresista en un país abocado a escoger entre demagogos ególatras y una cleptocracia establecida.
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