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Pero hecha la ley, hecha la trampa. La mayoría de la contratación colombiana se hace directamente a través de “convenios interadministrativos” suscritos entre entidades oficiales. Funge como contratista un ente con “régimen especial”; una Empresa Industrial del Estado o una Sociedad de Economía Mixta que pueda subcontratar a los amigos del funcionario. Ya no se llena la bolsa del Virrey sino la de los caciques.
El caso del Ministerio de la Tecnología es una vergüenza. En 2015 le entregó a FONADE el programa Vive Digital por $247.340 millones, de los que anticipó $92.000, que en 2018 se declararon perdidos. El control de Fonade lo tenían los “ñoños”.
En 2020, por licitación pública, le adjudicó a Centros Poblados $1,06 billones. El “tumbe” se redujo a $70.000 millones. Dos contratos muy similares en los que la licitación pública de poco sirvió, pues el negocio estaba direccionado. La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe, Edubar, es el parque de diversiones del clan Char. Sus coterráneos se ganan las licitaciones más grandes de Ibagué: el Coliseo Mayor ($43.700 millones), la pista de BMX ($ 8.253 millones), el complejo de raquetas ($8.600 millones), etc., con ninguno o muy pocos proponentes en contienda.
La Ley de Garantías (996 de 2005) restringe los Convenios Interadministrativos en épocas electorales. “Su propósito es afianzar la neutralidad de los servidores públicos… y que tanto los candidatos como los electores, aprovechen en igualdad de condiciones los recursos ofrecidos por el Estado, de manera que la voluntad popular se exprese sin obstrucciones de ningún tipo y la decisión del pueblo se vea reflejada en la persona elegida para ocupar el cargo de autoridad que se disputa”, explica el Departamento de la Función Pública.
No obstante, el gobierno impulsa en el Congreso el cambio de la Ley Estatutaria con una Ordinaria, so pretexto de “impulsar la reactivación económica”. El impacto de su eliminación no sería menor en el Tolima. El 75% de lo que contrata Hurtado se adjudica directamente. Entre el 13 de noviembre 2018 y el 19 de junio 2019 (igual periodo al que se dejaría de aplicar la ley, entre los años 2021 y 2022), se ejecutaron en todo nuestro departamento $28.337 contratos por $1 ́008.548,5 millones (consulta portal Sia observa). Más de un billón de pesos que aceitarían la maquinaria electoral. Ya sabemos quiénes serán sus beneficiarios.
Si nuestros patriotas derrotaron el absolutismo monárquico y el mundo se libró de la amenaza totalitaria comunista, tocará levantarnos a los ciudadanos para rescatar al Estado de la situación zombi en que lo tienen los políticos. Aunque no faltarán los cuervos que monten guardia por las sobras, una vez las hienas consideren concluido su trabajo.
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