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En el libro “Mas allá de la malla Perimetral, petróleo y conflicto armado en Colombia”, Jenny Pearce denunciaba el “cluster” de contratistas que reparan las voladuras de los oleoductos. Asociaciones entre políticos y guerrilleros que estallan el tubo para financiar sus respectivas campañas electorales.
Otro caso emblemático son las fumigaciones de cultivos ilícitos, piedra de discordia entre “derecha” e “izquierda”. Desde que nació el Plan Colombia hemos “invertido” US 10.000 millones (cofinanciados con los Estados Unidos), pero los cultivos pasaron de 70.000 a 200.000 hectáreas. Está comprobado que destruir laboratorios y controlar precursores químicos es más rentable y menos dañino.
La mayoría de los “cristalizaderos” están cerca de las fronteras con Ecuador y Venezuela y disponen de combustible sin IVA ni aranceles, es decir, subsidiado. Para producir un kilo de cocaína se requieren 73 galones de gasolina. Así las cosas, en Colombia se desvían 70 millones de galones año como precursores de drogas. En 2019 el Fiscal Martínez Neira alertó que Mintransporte y Minminas habían autorizado 33 estaciones de servicio en lugares sin automóviles ni vías. En Riosucio (Chocó) venden 1,2 millones de galones, con apenas 20.000 habitantes; o esa estación fluvial del Río Mira, Tumaco, con ventas de 705.000 galones año. Afirmó que las estaciones autorizadas podrían representar 89,4 toneladas anuales de base de coca, 10% de nuestra producción. Algo similar ocurre con el cemento. Cada kilo de cocaína requiere 360 de este insumo.
La guerra contra el narcotráfico ha generado nuevos ricos “legales”: distribuidores de gasolina y cemento donde no hay vehículos ni se construye nada, que confían en que nadie los estorbe ni altere el “statu quo” en aras de la confianza inversionista. Este fue uno de los puntos que planteó Juan Manuel Galán, en su reciente precandidatura, y pasó inadvertido ante la opinión pública.
La última innovación de los corruptos es vender anticipadamente y “por puntos” la contratación. Antes de posesionarse y para recuperar la “inversión” de la campaña, alcaldes y gobernadores cobran una membresía para ingresar al club de contratistas elegibles. Me explico: si el potencial de contratos es $500.000 millones año, cada “punto” (1%) equivaldría a $ 5.000 millones y se vendería por X valor (algunos, por estos lares, lo tasaron en $200 millones para 2019). Esto no agota las coimas al momento de la adjudicación, en cada ampliación y/o prórroga, amén de la mordida del que autorice los desembolsos.
Temas ineludibles de la presente campaña presidencial, para enfrentar lo que más preocupa a los colombianos: la corrupción. De nada sirve pedir mano dura contra vándalos y protestantes, si somos obsecuentes con los que desvirtúan la democracia y destruyen sus instituciones. Delincuentes de cuello blanco que se ocultan detrás de los prejuicios y la ignorancia de la gente.
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