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Esta semana volví a leer dicha obra, tras conocer la macabra noticia de una mujer que en Ibagué abusaba de sus hijas menores y lo grababa para venderle los videos a un pedófilo en Estados Unidos, y pude comprobar que en verdad la realidad supera a la ficción. La noticia fue divulgada por un canal de televisión y quise volver a verla, así que procedí a buscarla en Internet. En el buscador puse: “abuso sexual de menores Ibagué”, y cuál no sería mi sorpresa al encontrar 450 mil referencias. Consternado, como es apenas lógico, repetí la búsqueda, pero en lugar de ‘Ibagué’ coloqué ‘Colombia’ y salieron 9 millones 180 mil resultados. ¡Es para no dormir!
Según la Fiscalía, entre enero y agosto de este año se han abierto 6.988 procesos por abuso y acoso sexual a menores. A mayo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, había practicado 7.544 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales, entre las que se encontraba una menor de cuatro años en Huila. Una encuesta de Bienestar Familiar sobre Violencias contra Niñas y Niños reveló que el 41 % de los menores encuestados ha sufrido algún tipo de violencia, y que de ese total, el 72 % ha sido víctima en su propio hogar. Es de locos. El caso de la madre desalmada de Ibagué no es, pues, un hecho aislado. Las mujeres son las más afectadas, la población indígena y negra suma un porcentaje importante. Y lo peor, durante la pandemia el abuso contra menores ha aumentado y confirma que en muchos de los casos el victimario es un familiar de la víctima. La crueldad está instalada en el interior de los propios hogares.
La descomposición ética y moral es inmensa, como inmensa es también la impunidad que existe en torno a estos delitos. Sí. La realidad supera la ficción. En esta materia es una pésima noticia. Tenemos un problema grave y complejo, que no se puede solucionar a punta de populismo judicial, como plantear una pena de muerte o la castración. Se requieren políticas sociales en favor de la familia para combatir la desprotección y la vulnerabilidad de las víctimas, que es lo que potencia esta tragedia. Hay que estudiar la posibilidad de descentralizar el Instituto de Bienestar Familiar. No puede ser que en esta materia los alcaldes, como en la obra de Gabo, estén pintados en la pared y que su función sea “hacer llover”. La protección de las familias cualesquiera sea su modalidad, tiene que ser un objetivo prioritario, en el cual deben estar comprometidos los gobiernos locales y regionales. Este es un tema que debería ser objeto de discusión en las próximas elecciones.
Necesitamos que no existan nuevas Eréndiras, y madres y padres comprometidos con la protección de las niñas y de los niños.
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