emergencia

 

Y de la informalidad ¿qué?

Pobreza, desempleo, informalidad y violencia son cuatro de los grandes enemigos del pueblo colombiano. Hoy me referiré a la informalidad, fenómeno que en Perú analizó hace 35 años Hernando de Soto, en su libro El otro sendero, en el cual cuantificó su magnitud, los costos sociales y fiscales, y postuló que el problema no era ella sino el modelo que la prohijaba.
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En Colombia la pandemia del Covid-19 desnudó con crudeza el tamaño de la informalidad económica y laboral, una realidad expuesta ante los ojos del mundo, que sin embargo en las altas esferas casi nadie quiere ver ni tiene idea de cómo superar. Cuando el Gobierno decretó el confinamiento millones de colombianos empezaron a pasarla muy mal. Era una tragedia porque vivían del ‘rebusque’ en las calles, si no salían no comían. Los gobiernos se encontraron con dificultades para darles asistencia, pues no sabían a ciencia cierta cuántas personas eran, ni qué hacían ni en dónde estaban. Sólo había estimaciones estadísticas. A comienzos de los noventa del siglo pasado la informalidad se calculaba entre el 30 y el 32 por ciento, hoy es cercana al 60 por ciento, según la Encuesta de micro-negocios informales del DANE en 14 áreas metropolitanas. Esto confirma que existen dos países, el formal y el informal. El primero vive dentro de la institucionalidad tributaria y mercantil, y el segundo por fuera de ella. Los dos pagan grandes costos por esta anomalía.

Con Ernesto Rojas Morales, ex director del DANE, reflexionamos sobre este asunto y él elaboró una propuesta: establecer un Registro Municipal de Micro-negocios (RMM), a fin de poder cuantificarlos y saber con precisión a qué se dedican. Las cámaras de comercio llevan el registro mercantil de la actividad formal, pero nadie se ocupa de la informal. El RMM no sería la solución, por supuesto, aunque sí el principio. Sin esa data es, literalmente, imposible tomar medidas eficaces. ¿Y qué tiene de malo la informalidad? Todo. Millones de sus trabajadores no cotizan ni para salud ni pensión, lo cual afecta a todos. De cada 100 mujeres ocupadas, solo 43 aportan para sostener el sistema. La mayoría de personas vinculadas a la informalidad también está fuera del sistema financiero, sin acceso al crédito, en manos de agiotistas y del criminal ‘gota a gota’. Por otra parte, los costos fiscales son inmensos, hay evasión del IVA; los conflictos que genera no se resuelven a través de la justicia sino con violencia; las mafias del contrabando explotan la venta callejera y se apropiaron del espacio público. En fin, el listado de impactos sociales, ambientales y sanitarios es extenso. 

En el norte de África el promedio de la informalidad es del 22%, en Ibagué es del 52%, en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta, y en la Alcaldía menos. Lo que sí se sabe, y poco se dice, es que cada día más personas abandonan la formalidad, por engorrosa, costosa y tortuosa. La legalidad del actual modelo económico ha devenido en un privilegio para quienes pueden sostenarla, otra fuente de desigualdad, discriminación e injusticia. Y así, con la mitad de la población en estado de exclusión nos metieron en la OCDE, que tiene protocolos más exigentes. Estamos en mora de ocuparnos de esta realidad. ¿Alguien tiene alguna idea?

GUILLERMO PÉREZ

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