Noticia de un secuestro

Uno de los pilares de la carta del 91 es la democracia participativa. Una noción más profunda que la democracia representativa, pues hace del ‘demos’ el principal sujeto político y con carácter permanente. En la del 86 los ciudadanos solo aparecían para depositar su voto y luego volvían a sus casas. La constituyente quiso profundizar la democracia y darle mayor dinamismo, quiso que la política dejase de ser monopolio de los políticos y le perteneciera al pueblo, el depositario de la soberanía.  Poner fin a la brecha entre el país político y el país nacional, de que hablaba Gaitán.
PUBLICIDAD

La participación es un principio transversal de la constitución, por eso se consagró como derecho fundamental e instituyeron mecanismos de participación que van más allá de los siete mencionados en el artículo 103. Sin ella la constitución no se podría reconocer, es su alma.  Empero, a través de leyes y reglamentaciones se logró desvirtuarla, es tal la cantidad de requisitos que se exige a los ciudadanos para participar en la política electoral que muchas personas ni lo intentan. Gracias a esto, los famosos avales de los partidos se han convertido en un negocio y en un instrumento de subyugación. La consecuencia práctica es que solo pueden participar quienes se dedican profesionalmente a la política, es decir, quienes viven de ella y no para ella. Así, la calidad de la representación es deficiente. Algunos políticos no pasarían un examen de comprensión de lectura, a otros ni siquiera se les conoce la voz, y la mayoría milita no con ideas sino con quien les asegure burocracia y presupuesto para su reelección o la de sus herederos.

La cosa comenzó con la ley 134 de 1994, reglamentaria de los mecanismos de participación ciudadana, que los hizo casi impracticables. La revocatoria del mandato, por ejemplo, no se ha podido estrenar. Pero el secuestro de la política se consolidó con la ley 1475 de 2011, es tan aberrante que exige a los ciudadanos que para crear un partido primero se hagan elegir senadores o representantes a la cámara. En Colombia hay 17 partidos, todos ‘nacionales’, pues la ley no permite partidos regionales, como en muchos países europeos, lo cual potencia el valor de los avales. Gracias a esta ley son los profesionales de la política los que determinan quién puede ser candidato a los concejos, a las asambleas, a las alcaldías o las gobernaciones. Salvo notables excepciones, los avales no se otorgan a los mejores sino a los más ‘leales’ e incondicionales. Ahí empieza la cadena de la criminalidad electoral y la corrupción. Y esto, sin hablar de los exorbitantes costos de las campañas.  

En los partidos no hay democracia interna, ni espacio para la deliberación. Los ciudadanos han sido expropiados de la principal herramienta de transformación social: la política. Hay partidos que son ‘negocios de familia’, otros hacen parte de grupos empresariales y otros son casi asociaciones para delinquir. Sorprende la mansedumbre con que aceptamos este secuestro, que en ciertos casos tiene perfiles extorsivos. En una de las marchas de protesta un joven sostenía un cartel que decía: “Nos veremos en las urnas”. Me generó ternura. Su autor desconoce las trampas del sistema electoral y que esa noble actividad humana ha sido secuestrada. Se requiere una rebelión ciudadana. Parodiando a Clemenceau digo que la política es un asunto demasiado serio para dejarla en manos solo de los políticos.

GUILLERMO PÉREZ

Comentarios