“¡Pa’ Barranquilla me voy!”

Ahora que en Ibagué se está poniendo de moda adjudicar contratos a empresas de Barranquilla que gravitan en la órbita del clan Char, el conglomerado político-empresarial más poderoso de la costa Caribe, es pertinente analizar en qué consiste este ‘modelo’, y los peligros que entraña.
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Ese tipo de clanes son una fusión de negocios y política, en la cual el poder económico genera poder político y el poder político aumenta el poder económico. Funcionan a partir de inyectar astronómicas cantidades de dinero a las campañas electorales. Encarecerlas es per sé un propósito, además de asegurar el éxito de las mismas pone barreras de entrada a la competencia electoral, cumpliendo una finalidad disuasoria, pues propina a eventuales adversarios una derrota moral anticipada. Enfrentarse en una contienda tan desequilibrada es una pelea de toche con guayaba madura. Con el dinero público compran ‘líderes’ de todos los pelambres que se adhieren incondicionalmente al clan; compran tenientes electorales que visitan familias puerta a puerta, identificando necesidades y prometiendo ‘soluciones’; compran periodistas que sirven de altavoz de sus actividades. Para entenderlo mejor, bastaría con repasar el sonado caso de Aida Merlano, hoy prácticamente en el olvido.

Una vez adquieren cuotas de poder burocrático y escaños en el congreso, asambleas y concejos, la ‘inversión’ se recupera a través de contratos a empresas de su entorno, que retribuyen con jugosas comisiones. Por supuesto esto encarece la obra, pero es lo de menos, ‘papá Estado’ paga. El truco está patentado a escala nacional desde hace años, lo novedoso ahora es la estructuración de rentables negocios con el Estado, por ejemplo, la privatización de servicios públicos (acueducto, alumbrado, basuras, alcantarillado, zonas azules), el otorgamiento de concesiones, zonas francas y peajes, recalificación de suelos y construcción de mega proyectos inmobiliarios, sin importar si disponen de servicios públicos o no. Hacer negocios con el Estado es muy bueno, pero hay algo mejor: demandarlo, ya que suele incumplir los contratos. A veces el incumplimiento es un ‘error’ deliberado. Por esto, muchas empresas contratistas poseen más abogados que ingenieros. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hay 400 mil procesos en su contra por valor de $426 billones. Esto equivale a año y medio de presupuesto nacional. Las demandas son de todos los sectores, salud, trabajo, defensa, justicia, etc., desde luego las de los contratistas no son pocas. A esto se le llama popularmente ‘abudinear’. El círculo de este entramado se cierra con la cooptación de los organismos de control y de justicia, encargados de proveer impunidad. Que no pase nada. Así funciona el sistema.

En el Tolima hay quienes quieren importar este modelo y crear un conglomerado político-económico, como el de los Char, en aras de un falso progreso. No hay que engañarse. Esa prosperidad es solo aparente, es más la corrupción, la pobreza, el empobrecimiento y la impunidad que genera. La politiquería necesita de la pobreza y el desempleo, siempre es más fácil comprarle el voto a quienes están ‘jodidos’. En las próximas elecciones los tolimenses tendrán que decidir si vamos pa´ Barranquilla o comenzamos a construir una región respetable y próspera de la cual podamos sentirnos orgullosos. Confiemos en que el pueblo es superior a sus dirigentes, y que una vez se recuperen la dignidad y la autoestima colectivas, otro sol alumbrará esa tierra.

GUILLERMO PÉREZ

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