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Su decisión de entrar en la política electoral como candidato a la gobernación del Tolima es un ejemplo de compromiso con esta tierra. Un caso excepcional. Se podrían contar con los dedos de la mano, y sobrarían dedos, quienes así han obrado. Entre ellos, Darío Echandía, que aceptó ser gobernador tras ser presidente de la República, y Alfonso Jaramillo Salazar, el primer alcalde de elección popular del Líbano, habiendo sido gobernador y ministro de Salud. En marzo pasado tuve una conversación telefónica con William y me sentí moralmente obligado a decirle que se lo pensara bien; que ser gobernador no le agregaba nada a su brillante hoja de vida; que tuviera en cuenta el grado de descomposición de la política electoral; que recordase la experiencia de Vargas Llosa en Perú; y que si aun así se decidía a ser candidato contara con mi modesto respaldo. Hace dos semanas, ya en Ibagué, volvimos a conversar y le dije que, de alguna manera, sentía que al respaldarlo se cometía un error político, parecido al del Eln con el padre Camilo Torres, al permitirle ir al frente de batalla, en lugar de preservarlo como la figura popular de masas que era.
Las condiciones no pueden ser más adversas. Los clanes están empoderados gracias a un sistema que les asegura no tener competencia, pues despoja a los ciudadanos y a los movimientos sociales del derecho a postular candidaturas. Se inventaron el truco de los avales, el de la doble militancia, el de los umbrales y otros más, para secuestrar la política. Así, los partidos se han convertido en empresas familiares y personales en donde no existe democracia interna. Funcionan con dinero público (y en no pocos casos, con oscuros dineros privados), aunque se manejan como negocios particulares. Desde esta perspectiva se parecen a las E.P.S., solo que en estas hay menos opacidad. El sistema premia y estimula la abyección política, no la meritocracia. Si Darío Echandía resucitara, tendría dificultades para ser alcalde de Chaparral, como no pudo serlo Eduardo Aldana en Purificación. La constitución del 91 consagró el derecho a fundar y afiliarse a partidos políticos, pero las reformas posteriores lo volvieron obligación, para poder participar, que es un derecho fundamental en una democracia participativa. Han extendido las alambradas de la cárcel al mundo comunitario, al extremo de exigirles a los líderes obediencia ciega a cambio de un aval para candidatizarse a ediles.
Como Colombia es Macondo, siempre cabe la posibilidad, de que un poeta que propone reinventar la democracia, sacralizar los recursos públicos, devolverle la grandeza a una tierra y hacer de ella un territorio de paz, derrote a quienes han vuelto de la política un vil negocio en el cual prevalecen la astucia sobre la inteligencia y la componenda sobre las propuestas. William Ospina es una antorcha incandescente en un mundo de tinieblas, empecinado en reconstruir la esperanza.
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