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En medio de esta discusión hay que partir de la siguiente premisa: la protesta social es un derecho muy importante porque se utiliza para lograr el cumplimiento por parte del Estado de los derechos fundamentales, por eso es aceptable como mencionan algunos analistas, que en ciertos momentos afecte algunos derechos de otras personas como el de la libre movilidad por la ciudad.
Para algunos como el secretario de la presidencia Diego Molano, debería existir un protestódromo donde salga la gente que quiere protestar de una manera organizada, ordenadita y bien arreglada para que no moleste a nadie. Este espacio físico que se definiría dentro de las ciudades es la “brillante solución” de este exconcejal de Bogotá, para que no se afecte a los demás ciudadanos, no haya brotes de violencia ni agresiones a la fuerza pública.
La protesta social es la manera que han usado los sectores sociales que han sentido vulnerados sus derechos a lo largo de la historia, para hacerlos valer. Según los estudiosos, asume diferentes formas: están los paros y huelgas donde cesan las actividades; las movilizaciones donde hay presencia temporal de mucha gente en espacios públicos; huelgas de hambre para llamar la atención sobre la afectación de derechos; bloqueos de vías con la obstaculización del tránsito; la resistencia civil que llama a la desobediencia a las autoridades por considerarlas ilegítimas; las tomas de entidades públicas o privadas, hasta llegar a los disturbios donde se presentan choques contra la fuerza pública, entre otras.
La protesta debe ser pacífica. En la mayoría de los casos produce ruido, hay carteles, expresiones culturales, consignas, alegría y todo un caleidoscopio social. Un ejemplo de ello han sido las movilizaciones multitudinarias de las marchas carnaval que se han organizado en la ciudad de Ibagué que ha logrado mover miles de personas para rechazar la megaminería, los proyectos extractivistas y el fracking.
La protesta social vuelve a manifestarse con fuerza en el país, especialmente en las grandes ciudades. Desde el pasado 21 de noviembre de 2019 cuando se desarrolló el paro nacional se veía venir en este 2020 un auge de la movilización popular en contra de las políticas del gobierno. Este ímpetu se frenó con la aparición de la pandemia que obligó al confinamiento de toda la sociedad a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el manejo del Covid-19, la exacerbación de la violencia, el crecimiento vertiginoso del desempleo, la pobreza, el hambre, la exclusión, el sesgo que se evidencia para favorecer a los sectores más privilegiados ha generado una especie de olla a presión a punto de estallar.
La gota que rebosó la copa fue el asesinato por parte de algunos policías del abogado Javier Ordóñez. El 10 de septiembre la ciudadanía salió a protestar con rabia y ante la generación de los disturbios que todos vimos a través de las redes sociales, se produjo una reacción delirante de la policía que terminó con la muerte de más de 10 jóvenes, algunos de ellos ni siquiera participaban de la protesta.
El pasado lunes se realizó una jornada nacional de protesta, donde el énfasis de sus organizadores fue hacerlo de manera pacífica para evitar desmanes y disturbios, pero también donde se exigió a la fuerza pública que respetara las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía. Demostrar públicamente el inconformismo y exigir derechos debe seguir siendo una posibilidad real en un verdadero estado social de derecho.
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