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El último hecho que se generó en este mismo contexto de clientelismo, es el retiro de Julia Miranda de la dirección de parques nacionales. El Ministro de Ambiente le solicitó la renuncia a esta funcionaria quien estaba en ese cargo desde 2004. Esta decisión causó malestar e inconformidad entre destacados ambientalistas del país quienes destacaron el papel que ella jugó en todo su periodo de trabajo. Para algunos, el retiro de la mejor funcionaria del Sistema Nacional Ambiental obedece a presiones políticas de poderosos dirigentes.
Bajo su dirección, Julia Miranda logró la ampliación de áreas protegidas en Colombia. Según información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -Sinap-, en 2020 hay 1.343 áreas protegidas, que representan el 15,17% del territorio nacional y 31,4 millones de hectáreas; hay 122 zonas de carácter nacional, divididas en reservas forestales protectoras nacionales (59), distritos nacionales de manejo integrado (4) y parques nacionales naturales (59). Igualmente, se encuentran 288 de carácter regional, distribuidas en áreas de recreación (10), distritos de conservación de suelos (15), distritos regionales de manejo integrado (107), parques naturales regionales (60) y reservas forestales protectoras regionales (96). Además, existen 933 reservas naturales de la sociedad civil.
Este trabajo realizado durante años le permitió a Colombia convertirse en el país de la región con mayor número de áreas protegidas incluidas en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
No obstante todos estos logros, de su reconocida competencia y compromiso con las áreas protegidas del país, Julia Miranda será reemplazada en la dirección de parques nacionales por Orlando Molano, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.
La polémica está desatada porque este funcionario no cumpliría los requisitos establecidos por ley para asumir el cargo. Siendo arquitecto, su formación disciplinar no está contemplada en el manual de funciones de la entidad y muy seguramente su nombramiento será demandado y probablemente el gobierno deba revertir la decisión.
Las áreas protegidas de nuestro país no solamente están amenazadas por la deforestación sistemática para la expansión de la ganadería extensiva, la presencia de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, las amenazas y asesinatos de los guardaparques, sino también por el clientelismo político que quiere tomarse cargos que requieren un alto perfil técnico para reemplazarlos por personas sin formación ni experiencia en el sector ambiental.
Detrás de la salida de Julia Miranda se perciben poderosos intereses. Ella fue una comprometida defensora del parque Tayrona ante el embate de proyectos hoteleros y comerciales que se lamen los bigotes por el inmenso potencial para el desarrollo del turismo. Su posición vertical resultaba incómoda en un momento en que se vuelve a mencionar que reconocidas familias de la costa y hasta inversionistas extranjeros están interesados en hacer negocios en esta área protegida.
No faltaría más que al nuevo director de parques lo hayan nombrado para defender los intereses de estos negociantes y no de la naturaleza que se debe comprometer a conservar y restaurar, sin embargo, estamos en Colombia o en Polombia, donde cualquier cosa insólita e indignante puede suceder.
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