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Esta jurisdicción surge en el marco del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc-Ep. En este, se estableció la creación de esta jurisdicción para “…garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo; resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; y en general, promover la regularización de la propiedad rural”.
Hay que recordar que el problema de la tierra se ha reconocido como un factor fundamental en la generación del conflicto armado y por ello durante mucho tiempo se trató de implementar una justicia que se encargara de los asuntos agrarios y rurales.
En el Acuerdo referido firmado en 2016, se previó como necesario que esta jurisdicción tuviera “énfasis en las zonas priorizadas, y contara con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos…”
La aprobación de este proyecto se debe interpretar como un logro importante en la implementación de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz que encuentra un ambiente de respaldo en un gobierno que a diferencia del anterior tiene una apuesta decidida por respetar lo acordado y avanzar en la construcción de algo para algunos utópico: la Paz Total.
Según se señala por expertos en el tema, esta jurisdicción implica “… que las comunidades rurales y campesinas del país contarán, por disposición constitucional, con acceso a una justicia especializada en derecho agrario”, esto facilitará la resolución pacífica de conflictos y brindará una administración de justicia que sea ágil y eficiente, con presencia territorial y comprensión de los conflictos rurales que afectan las comunidades campesinas.
La Jurisdicción Agraria se apoyará en los siguientes elementos: 1) el establecimiento de una sólida estructura judicial especializada en asuntos agrarios y rurales a nivel territorial;
2) jueces exclusivos para resolver estos asuntos, lo que permitirá una justicia ágil para el campo; 3) la utilización de criterios, principios y procedimientos propios del derecho agrario para la resolución de conflictos en el sector; y, 4) la consolidación de jurisprudencia especializada en materia agraria y rural.
Este logro legislativo ha sido bien recibido por el movimiento social campesino junto con la aprobación de otro proyecto que reconoce a este sector como sujeto de derechos. No debemos olvidar que el campesinado ha sido una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, sometido a la presión de grupos irregulares que causan desplazamiento forzado y despojo violento de sus tierras. Según datos de la Agencia Nacional Campesina, entre 1958 y 2019, unos 7 millones han sido víctimas del conflicto, y unos 6 millones de hectáreas fueron despojadas.
La reconciliación sigue superando escollos, esta jurisdicción se suma a otros logros que nos deben llevar a consolidar la concordia y la convivencia entre los colombianos para el logro de una paz estable y duradera donde la vida digna sea posible para todos.
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