Colombia exige acción eficaz de los entes de control y la devolución de los 70.000 millones

Hay suficiente información sobre el contrato 1043 de 2020, el cual precisa: “…Que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con un presupuesto oficial para atender la ejecución del objeto de la presente contratación por la suma de hasta dos billones ciento treinta y ocho mil ciento diecisiete millones doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos moneda corriente ($2.138.117.270.447)…Que el valor del presupuesto oficial está dividido por Regiones, de la siguiente manera: presupuesto oficial por región región a región B $1.065.564.968.972 $1.072.552.301.475”… Que el citado proceso fue aprobado por el Comité de Contratación llevado a cabo el 12 de agosto de 2020.
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Ante las presuntas falsificaciones y faltas de pólizas de garantía bancarias,  la hoy exministra, procedió a caducar el contrato con la Unión Temporal el 13 de agosto del año que se transita. Si hubiera escuchado los llamados que desde el primer momento se hicieron, hoy no estaríamos ante esta situación.

El pasado 9 de diciembre, el Tiempo.com, divulgó el contrato billonario y expresó:  “El proceso de licitación levantó en días pasados algunas críticas porque Camilo Ernesto Valencia Suescún, abogado de uno de los proponentes al proyecto Unión Temporal SES Inred, era asesor jurídico del Mintic”… “Situación que llevó a que la ministra Karen Abudinen, y la secretaria general del MinTIC, Adriana Meza, fueran recusadas y se solicitara la nulidad de todo lo que se ha adelantado en el contrato. Aún así, la recusación fue rechazada y finalmente este miércoles se realizó la adjudicación del billonario contrato”.

Hoy, cuando todos sabemos del anticipo de los más de 70 mil millones de pesos entregados ágilmente y sin mayores exigencias en desarrollo del contrato, a la Unión Temporal Centros Poblados, que según el diario El Tiempo: “parte de los $70.000 millones se utilizaron para pagar la primera cuota de un apartamento en un exclusivo sector de Miami, Florida”.

Es muy indignante  saber que  los recursos del Estado, también  aquellos destinados a la Educación, se convierten en expectativas y anuncios de papel, que difícilmente son utilizados en las condiciones pactadas porque existe una gran cadena de corrupción  que a pesar de las investigaciones no es sencillo  comprobar, haciendo gala de la impunidad, mientras los derechos fundamentales son vulnerados ante la mirada del país en pleno.

Conocer las condiciones indignas que han vivido de manera exacerbada nuestros niños y adolescentes por no contar con la disponibilidad requerida en cuanto a internet, especialmente en las zonas rurales, que los ha llevado a desertar del sistema escolar durante esta crisis humanitaria mundial, motiva a seguir elevando la voz y a exigir la devolución total de los recursos del Estado que son sagrados y  sin embargo, se sigue jugando con ellos cada vez con mayor tranquilidad.

Estamos a la espera de que los entes de control actúen y se devuelvan los recursos para que sea una realidad el urgente proyecto para garantizar internet en las zonas rurales de los 32 departamentos de Colombia. Debe quedar claro, que los colombianos no aceptamos solamente la sanción disciplinaria o penal, porque no es suficiente, ¡exigimos la devolución total de los dineros!

¿En qué se queda pensando, amable lector?, ¿Cuál es la idoneidad del comité de contratación que tuvo a cargo el proceso? ¿Será que había alguna orden específica? ¿Acaso intereses particulares en tren, llevaron a hacer más eficiente la entrega del anticipo? ¿Cómo lograr que se decrete la muerte laboral a corruptos de cuellos blanco?, estamos hartos de reconocer que nuestro amado país, sigue siendo saqueado y sin embargo no pasa nada.

El próximo presidente de Colombia tendrá que pensar en la muerte laboral para los corruptos y la expropiación de todos sus bienes. 

 

INDIRA ORFA TATIANA ROJAS OVIEDO
Correo
tatianarojasoviedo34@gmail.com

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